viernes, 25 de enero de 2013

¿JUSTICIA?... ¿QUÉ ES ESO?



COLUMNA
CHICOTAZOS



¿VOULEZ VOUS JUGE MOI?


FREDDY SECUNDINO S.

En México, sabido es que los casos judiciales de escándalo primero se resuelven mediáticamente, luego socialmente y, al final, en un juzgado. Y el affaire Florence Cassez ha quedado ya como un agrio ejemplo para la historia nacional e internacional, en cuanto a procuración e impartición de justicia se refiere.
         Como es normal también, en la división de los bandos sobran quienes opinan y dan su veredicto jurídico sin ningún argumento, o se dejan llevar por una postura generalizada o, peor aún, por lo que dicen los opinólogos en los medios electrónicos. Y en este caso, en su mayoría, éstos se han limitado a decirse “decepcionados”, “ofendidos”, “burlados”, etcétera, y a gritar que se dejó libre a una criminal, o algo por el estilo, sin un mínimo vistazo al fondo legal del caso.
         Para hacer eso, claro está que no se requiere ser especialista en leyes, o es lo que menos importa, pues todo mundo tiene derecho a decir lo que le venga en gana.
         Sin embargo, haciendo a un lado esas posturas superficiales de quienes debieran hablar con seriedad y conocimiento de causa (por ética profesional y responsabilidad social), una persona medianamente estudiada tiene la obligación (al menos, personal) de indagar un mínimo, a fin de no sumarse a esa especie de karaoke masivo y desafinado en el que fácilmente se cae en asuntos de semejante naturaleza. Sobran ejemplos en las redes sociales ahora.
         Vaya, ni los opinólogos “profesionales” de los medios electrónicos, ni mucho menos la masa, reparan en el primer punto (importantísimo, por tanto) del caso: el reconocimiento por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las a todas vistas claras violaciones flagrantes a las leyes del país (sobre todo a la Constitución) y tratados internacionales de derecho, en perjuicio de la ciudadana francesa, acusada y condenada por secuestro y delincuencia organizada desde diciembre de 2005.
         Nos guste o no, esto envenena, por naturaleza y de inmediato, cualquier proceso jurídico. Y en este caso en particular aún más, puesto que se trata de una ciudadana extranjera a quien, en principio, no se le concedió el derecho (inalienable e inobjetable) de que la representación del gobierno de su país aquí fuera informada de su detención en el momento de la misma y, por consecuencia, al derecho de un abogado defensor. Además de negársele la presunción de inocencia.
         México por entero (me refiero a quienes ahora se rasgan las vestiduras descalificando sin miramientos a los ministros de la SCJN) supo en algún momento de estos largos siete años que duró el caso, que los primeros responsables (Genaro García Luna, como titular de la Agencia Federal de Investigación, cuyos agentes integraron el operativo de captura de la banda de secuestradores “Los zodiaco”, de la que, se dijo, formaba parte Florence Cassez, y Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República) armaron un burdo y grosero montaje televisivo para hacer creer que la acción era en vivo, cuando en realidad ya habían pasado 24 horas del mismo.
         Es decir, en cualquier país que se diga respetuoso de la ley (en un caso particular o en todos), este solo hecho descalifica jurídicamente cualquier asunto ante los tribunales. Así está signado en nuestras normas.
         Florence Cassez puede ser culpable no sólo de haber sido integrante de los secuestradores “Los zodiaco”, sino de mutilar a algunas de sus víctimas (como dijeron en un principio algunas de ellas), o lo que usted quiera, pero los ministros de la Corte en ningún momento debían discutir eso. No deliberaron (no era ése el punto a juzgar por ellos) la inocencia o culpabilidad de la susodicha, sino si el proceso en su contra había sido apegado estrictamente a derecho. Y “todo mundo” sabía que no fue así, por lo subrayado arriba con lo del montaje televisivo.
         Que se le reclame, pues, y con todo rigor, a García Luna, a Cabeza de Vaca y a quienes se responsabilizaron de poner el problema ante el juez de la causa y quien finalmente, con total profesionalismo o no, sentenció a Cassez. Y si el juzgador tampoco se apegó a derecho (de hecho, no lo hizo, pues la defensa de la francesa siempre alegó lo viciado del caso), pues que también se le sancione como debe ser.
         Y, claro está, a los peores presidentes (a mi juicio) que ha tenido México en los últimos años, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa (quien en todo momento, cual necio borracho sin control, no sólo defendió a su innegable cómplice mayor, García Luna, sino que se tomó el caso como personal y presionó como pudo a jueces, magistrados y ministros, para refundir a Florence en la cárcel, además de poner en riesgo la relación bilateral con Francia, cosa que, en última instancia, podría ser lo de menos si el derecho hubiere estado de este lado).
         Más aún, quienes continuarán reprochándole sólo a los ministros su decisión, no mencionan que en México la violación a los derechos humanos (en casos similares a éste o diferentes, como en los llamados “presos de conciencia” o políticos) es una regla no escrita y cotidiana en nuestro sistema de justicia: se detiene sin causa alguna, se fabrican culpables, se tortura, se distorsionan las pruebas periciales o se inventan declaraciones ante el Ministerio Público. Y éste, cual camarón dormido ante la corriente, no hace su labor como debiera ser.
         Y para cerrar la pinza, los jueces no estudian los procesos conforme a derecho y sentencian, muchas veces, a criterio estrictamente personal, si no es que habiéndose dejado corromper, que en muchísimos casos así es.
         Pues toda esta basura, o buena parte de ella, estuvo siempre en el asqueroso caso de la presunta secuestradora francesa.
         ¿Cómo no iba a tener razón su abogado defensor, Agustín Acosta (el último y quien como tal logró ganarle a todo el cochambroso aparato de “justicia” mexicano), de llevar el caso hasta la última instancia nacional, la SCJN?
         La suma de ilegalidades y desaseos durante el proceso (que no terminó, como dicen muchos, cuando el juez dictó la sentencia condenatoria contra Cassez) arrastraron a los ministros en dos ocasiones, siendo su fallo primero la negación del amparo definitivo y, por ende, la orden de libertad inmediata. Esa vez, la intromisión de Calderón y la PGR fue crucial para la decisión del máximo tribunal del país.
         Es natural que ahora se diga también que Enrique Peña Nieto hizo lo propio y quizá lo haya hecho más que su antecesor (por desgracia, México es ejemplo de que la justicia, en muchos casos, se politiza). Tal vez nunca lo sabremos, o pasarán muchos años para ello.
         Si Peña no lo hizo, los ministros merecen un reconocimiento porque, más allá de las implicaciones (inclusive románticas: por quienes los descalifican sin argumentos o con total desconocimiento del asunto), han dado otra muestra de que tanto el Ministerio Público como los jueces deben apegarse a las leyes e impartir justicia conforme a derecho.
         En la ola tsunámica de la opinología se olvida que no es el primer caso en que el máximo tribunal mexicano ordena excarcelar a una persona condenada con graves violaciones a las leyes y/o enteramente inocente. Lo lógico, entonces, sería que en los múltiples casos con estas características se actuara igual. Y eso es lo que hay que exigirles a los abogados defensores de quienes han sido abusados al ser sentenciados (son miles), así como a los tribunales intermedios (en primer lugar) y, en su momento, a la SCJN.
         Si este vergonzoso precedente supone que el mismo beneficio a Florence Cassez deben merecerlo sus supuestos cómplices de la banda “Los zodiaco” y tantos otros delincuentes presos por delitos pequeños o graves, tampoco es problema de los ministros, sino del MP y los jueces encargados de cada caso.
         Se trata de entender y aplicar las leyes como debe ser, y éstas, al menos para los especialistas, tienen muy clara su redacción. Ni siquiera se necesitan nuevas reformas “a fondo” de las mismas, para que la impartición de justicia en el país sea, si no ejemplar, al menos apegada a la norma y conforme al derecho de las partes involucradas.
         Qué lástima que un solo caso (por muy grave y serio que sea) despierte la indignación y la complacencia al máximo, según el sentir de cada quien. ¿Por qué no reaccionar del mismo modo, como sociedad, por ejemplo, ante las claras y burlonas evidencias de ilegalidad en una elección presidencial?
         Hace seis años, la mayoría de quienes votaron por Calderón defendieron a capa y espada el dicho de que ganó legalmente, y muchos de ellos, desde antes de que terminara el sexenio, ya estaban convencidos de lo contrario…, y ahora quisieran que se le juzgara hasta por eso.
         Si se ha de calificar de “mierda” a todo México, o a los ministros que ordenaron la liberación de Florence Cassez, que se haga conciencia (no es necesario quebrarse la cabeza para ello) de que éste es sólo el caso más reciente del estado tan deplorable de nuestro sistema político y judicial.
         Es un asunto de cultura, de educación, de civismo. Y eso es lo primero que hay que exigirles a las autoridades nacionales. No es, por desgracia, algo que se resolverá de la noche a la mañana ni en un sexenio, pero si hay consenso ciudadano, nunca será tarde para empezar.
         Si esta vez la decisión mayoritaria de los ministros fue aspirando a la llana búsqueda de la verdad jurídica (que para eso están en todos los casos que atienden), debe preocuparles a las autoridades judiciales menores porque es una penosa descalificación a su obligación de salvaguardar el estado de derecho.
         Lo que se llama “debido proceso” (asunto tratado por la SCJN) fue violado por quienes acusaron a Cassez y por el juez del caso, pues quedó en duda la comprobación jurídica y veraz de su culpabilidad. Y esto no es, por supuesto, en descalificación per se de las víctimas, sino un subrayado de que (independientemente de que por autopresión o inducida acusaron a sus presuntos victimarios) merecen ser atendidas como debe ser, pero que tampoco es éticamente válido, ni legal, decir mentiras ante el MP, como se comprobó aquí.
         Conforme a derecho, el “debido proceso” no son, pues, los requisitos legales o legaloides de los abogados y/o conocedores de las leyes, sino los puntos mínimos que sostienen y garantizan la objetividad y la certeza de un proceso. Y estos no se cumplieron esta vez.
         Qué lástima que las víctimas hayan sido engañadas por policías, abogados de pacotilla, funcionarios policiales, el MP y jueces, y se hayan hecho la ilusión de que el delito cometido en su contra no quedaría impune. ¿Y ahora quién les responderá por eso? ¿Los ministros que ordenaron la liberación de Cassez?... Por supuesto que no. Tendrán que ser todos quienes no hicieron bien las cosas y provocaron esta histórica resolución judicial, ya citados líneas arriba (de Calderón para abajo).
         El veredicto de los ministros (Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) para liberar a Florence Cassez debe verse no sólo como un ejemplo de respeto a la ley y apego a derecho, sino como un llamado a no permitir que continúe la impunidad en México, en ningún caso, por menor que se le vea (ante la ley no debiera haber casos mayores ni menores).
         La reparación del daño a las víctimas de Florence Cassez (si es que realmente fue quien era, según quienes la acusaron: no porque un juez la haya juzgado todos “tenemos” que juzgarla igual) se logrará si se fincan las responsabilidades consecuentes a quienes con su mal actuar torcieron la ley y ocasionaron lo que ahora ha convertido al sistema judicial mexicano en un hazmerreír mundial. Y en esto hay responsabilidades penales, administrativas, civiles y hasta políticas… Y ninguna es menos que las otras.
         ¿Se hará esto?... Lo dudo.