COLUMNA
CHICOTAZOS
¿VOULEZ VOUS JUGE MOI?
FREDDY SECUNDINO S.
En México, sabido
es que los casos judiciales de escándalo primero se resuelven mediáticamente,
luego socialmente y, al final, en un juzgado. Y el affaire Florence Cassez ha quedado ya como un agrio ejemplo para la
historia nacional e internacional, en cuanto a procuración e impartición de justicia
se refiere.
Como es normal también, en la división
de los bandos sobran quienes opinan y dan su veredicto jurídico sin ningún
argumento, o se dejan llevar por una postura generalizada o, peor aún, por lo
que dicen los opinólogos en los medios electrónicos. Y en este caso, en su
mayoría, éstos se han limitado a decirse “decepcionados”, “ofendidos”, “burlados”,
etcétera, y a gritar que se dejó libre a una criminal, o algo por el estilo,
sin un mínimo vistazo al fondo legal del caso.
Para hacer eso, claro está que no se
requiere ser especialista en leyes, o es lo que menos importa, pues todo mundo
tiene derecho a decir lo que le venga en gana.
Sin embargo, haciendo a un lado esas
posturas superficiales de quienes debieran hablar con seriedad y conocimiento
de causa (por ética profesional y responsabilidad social), una persona
medianamente estudiada tiene la obligación (al menos, personal) de indagar un
mínimo, a fin de no sumarse a esa especie de karaoke masivo y desafinado en el
que fácilmente se cae en asuntos de semejante naturaleza. Sobran ejemplos en
las redes sociales ahora.
Vaya, ni los opinólogos “profesionales”
de los medios electrónicos, ni mucho menos la masa, reparan en el primer punto
(importantísimo, por tanto) del caso: el reconocimiento por parte de los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las a todas vistas
claras violaciones flagrantes a las leyes del país (sobre todo a la
Constitución) y tratados internacionales de derecho, en perjuicio de la
ciudadana francesa, acusada y condenada por secuestro y delincuencia organizada
desde diciembre de 2005.
Nos guste o no, esto envenena, por naturaleza y de
inmediato, cualquier proceso jurídico. Y en este caso en particular aún más,
puesto que se trata de una ciudadana extranjera a quien, en principio, no se le
concedió el derecho (inalienable e inobjetable) de que la representación del
gobierno de su país aquí fuera informada de su detención en el momento de la
misma y, por consecuencia, al derecho de un abogado defensor. Además de
negársele la presunción de inocencia.
México por entero (me refiero a quienes
ahora se rasgan las vestiduras descalificando sin miramientos a los ministros
de la SCJN) supo en algún momento de estos largos siete años que duró el caso,
que los primeros responsables (Genaro García Luna, como titular de la Agencia
Federal de Investigación, cuyos agentes integraron el operativo de captura de
la banda de secuestradores “Los zodiaco”, de la que, se dijo, formaba parte
Florence Cassez, y Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la
República) armaron un burdo y grosero montaje televisivo para hacer creer que
la acción era en vivo, cuando en realidad ya habían pasado 24 horas del mismo.
Es decir, en cualquier país que se diga
respetuoso de la ley (en un caso particular o en todos), este solo hecho
descalifica jurídicamente cualquier asunto ante los tribunales. Así está
signado en nuestras normas.
Florence Cassez puede ser culpable no
sólo de haber sido integrante de los secuestradores “Los zodiaco”, sino de
mutilar a algunas de sus víctimas (como dijeron en un principio algunas de
ellas), o lo que usted quiera, pero los ministros de la Corte en ningún momento
debían discutir eso. No deliberaron (no era ése el punto a juzgar por ellos) la
inocencia o culpabilidad de la susodicha, sino si el proceso en su contra había
sido apegado estrictamente a derecho. Y “todo mundo” sabía que no fue así, por
lo subrayado arriba con lo del montaje televisivo.
Que se le reclame, pues, y con todo
rigor, a García Luna, a Cabeza de Vaca y a quienes se responsabilizaron de
poner el problema ante el juez de la causa y quien finalmente, con total
profesionalismo o no, sentenció a Cassez. Y si el juzgador tampoco se apegó a
derecho (de hecho, no lo hizo, pues la defensa de la francesa siempre alegó lo
viciado del caso), pues que también se le sancione como debe ser.
Y, claro está, a los peores presidentes
(a mi juicio) que ha tenido México en los últimos años, Vicente Fox y Felipe
Calderón Hinojosa (quien en todo momento, cual necio borracho sin control, no sólo
defendió a su innegable cómplice mayor, García Luna, sino que se tomó el caso
como personal y presionó como pudo a jueces, magistrados y ministros, para
refundir a Florence en la cárcel, además de poner en riesgo la relación
bilateral con Francia, cosa que, en última instancia, podría ser lo de menos si
el derecho hubiere estado de este lado).
Más aún, quienes continuarán
reprochándole sólo a los ministros su decisión, no mencionan que en México la
violación a los derechos humanos (en casos similares a éste o diferentes, como
en los llamados “presos de conciencia” o políticos) es una regla no escrita y cotidiana
en nuestro sistema de justicia: se detiene sin causa alguna, se fabrican
culpables, se tortura, se distorsionan las pruebas periciales o se inventan
declaraciones ante el Ministerio Público. Y éste, cual camarón dormido ante la
corriente, no hace su labor como debiera ser.
Y para cerrar la pinza, los jueces no
estudian los procesos conforme a derecho y sentencian, muchas veces, a criterio
estrictamente personal, si no es que habiéndose dejado corromper, que en
muchísimos casos así es.
Pues toda esta basura, o buena parte de
ella, estuvo siempre en el asqueroso caso de la presunta secuestradora francesa.
¿Cómo no iba a tener razón su abogado
defensor, Agustín Acosta (el último y quien como tal logró ganarle a todo el cochambroso
aparato de “justicia” mexicano), de llevar el caso hasta la última instancia
nacional, la SCJN?
La suma de ilegalidades y desaseos
durante el proceso (que no terminó, como dicen muchos, cuando el juez dictó la
sentencia condenatoria contra Cassez) arrastraron a los ministros en dos
ocasiones, siendo su fallo primero la negación del amparo definitivo y, por
ende, la orden de libertad inmediata. Esa vez, la intromisión de Calderón y la
PGR fue crucial para la decisión del máximo tribunal del país.
Es natural que ahora se diga también
que Enrique Peña Nieto hizo lo propio y quizá lo haya hecho más que su
antecesor (por desgracia, México es ejemplo de que la justicia, en muchos
casos, se politiza). Tal vez nunca lo sabremos, o pasarán muchos años para
ello.
Si Peña no lo hizo, los ministros
merecen un reconocimiento porque, más allá de las implicaciones (inclusive
románticas: por quienes los descalifican sin argumentos o con total
desconocimiento del asunto), han dado otra muestra de que tanto el Ministerio
Público como los jueces deben apegarse a las leyes e impartir justicia conforme
a derecho.
En la ola tsunámica de la opinología se
olvida que no es el primer caso en que el máximo tribunal mexicano ordena
excarcelar a una persona condenada con graves violaciones a las leyes y/o
enteramente inocente. Lo lógico, entonces, sería que en los múltiples casos con
estas características se actuara igual. Y eso es lo que hay que exigirles a los
abogados defensores de quienes han sido abusados al ser sentenciados (son
miles), así como a los tribunales intermedios (en primer lugar) y, en su
momento, a la SCJN.
Si este vergonzoso precedente supone
que el mismo beneficio a Florence Cassez deben merecerlo sus supuestos
cómplices de la banda “Los zodiaco” y tantos otros delincuentes presos por
delitos pequeños o graves, tampoco es problema de los ministros, sino del MP y
los jueces encargados de cada caso.
Se trata de entender y aplicar las
leyes como debe ser, y éstas, al menos para los especialistas, tienen muy clara
su redacción. Ni siquiera se necesitan nuevas reformas “a fondo” de las mismas,
para que la impartición de justicia en el país sea, si no ejemplar, al menos
apegada a la norma y conforme al derecho de las partes involucradas.
Qué lástima que un solo caso (por muy
grave y serio que sea) despierte la indignación y la complacencia al máximo,
según el sentir de cada quien. ¿Por qué no reaccionar del mismo modo, como
sociedad, por ejemplo, ante las claras y burlonas evidencias de ilegalidad en
una elección presidencial?
Hace seis años, la mayoría de quienes
votaron por Calderón defendieron a capa y espada el dicho de que ganó
legalmente, y muchos de ellos, desde antes de que terminara el sexenio, ya
estaban convencidos de lo contrario…, y ahora quisieran que se le juzgara hasta
por eso.
Si se ha de calificar de “mierda” a todo
México, o a los ministros que ordenaron la liberación de Florence Cassez, que
se haga conciencia (no es necesario quebrarse la cabeza para ello) de que éste
es sólo el caso más reciente del estado tan deplorable de nuestro sistema
político y judicial.
Es un asunto de cultura, de educación,
de civismo. Y eso es lo primero que hay que exigirles a las autoridades
nacionales. No es, por desgracia, algo que se resolverá de la noche a la mañana
ni en un sexenio, pero si hay consenso ciudadano, nunca será tarde para
empezar.
Si esta vez la decisión mayoritaria de
los ministros fue aspirando a la llana búsqueda de la verdad jurídica (que para
eso están en todos los casos que atienden), debe preocuparles a las autoridades
judiciales menores porque es una penosa descalificación a su obligación de
salvaguardar el estado de derecho.
Lo que se llama “debido proceso”
(asunto tratado por la SCJN) fue violado por quienes acusaron a Cassez y por el
juez del caso, pues quedó en duda la comprobación jurídica y veraz de su
culpabilidad. Y esto no es, por supuesto, en descalificación per se de las víctimas, sino un
subrayado de que (independientemente de que por autopresión o inducida acusaron
a sus presuntos victimarios) merecen ser atendidas como debe ser, pero que
tampoco es éticamente válido, ni legal, decir mentiras ante el MP, como se
comprobó aquí.
Conforme a derecho, el “debido proceso”
no son, pues, los requisitos legales o legaloides de los abogados y/o
conocedores de las leyes, sino los puntos mínimos que sostienen y garantizan la
objetividad y la certeza de un proceso. Y estos no se cumplieron esta vez.
Qué lástima que las víctimas hayan sido
engañadas por policías, abogados de pacotilla, funcionarios policiales, el MP y
jueces, y se hayan hecho la ilusión de que el delito cometido en su contra no
quedaría impune. ¿Y ahora quién les responderá por eso? ¿Los ministros que
ordenaron la liberación de Cassez?... Por supuesto que no. Tendrán que ser
todos quienes no hicieron bien las cosas y provocaron esta histórica resolución
judicial, ya citados líneas arriba (de Calderón para abajo).
El veredicto de los ministros (Olga
Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) para liberar a
Florence Cassez debe verse no sólo como un ejemplo de respeto a la ley y apego
a derecho, sino como un llamado a no permitir que continúe la impunidad en México,
en ningún caso, por menor que se le vea (ante la ley no debiera haber casos
mayores ni menores).
La reparación del daño a las víctimas
de Florence Cassez (si es que realmente fue quien era, según quienes la
acusaron: no porque un juez la haya juzgado todos “tenemos” que juzgarla igual)
se logrará si se fincan las responsabilidades consecuentes a quienes con su mal
actuar torcieron la ley y ocasionaron lo que ahora ha convertido al sistema
judicial mexicano en un hazmerreír mundial. Y en esto hay responsabilidades
penales, administrativas, civiles y hasta políticas… Y ninguna es menos que las
otras.
¿Se hará esto?... Lo dudo.