viernes, 27 de julio de 2012

GUERRA CIVIL, POR CONFLICTO POSTELECTORAL


COLUMNA
CHICOTAZOS



¿TOMA DE POSESIÓN EN LOS PINOS?


FREDDY SECUNDINO S.

El rumbo del asunto postelectoral en México va dando visos de varios escenarios históricos que, eventualmente, podrían incluir uno nada alentador para nuestro futuro y noquearía a la endeble democracia de que “gozamos”, a la que la clase política, en lugar de vitaminar, discapacita cada vez más.
         Todo indica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no invalidará los comicios del 1 de julio y le otorgará a Enrique Peña Nieto la constancia de mayoría y, por ende, de Presidente electo, dejando en cosa menor (una sanción económica) lo relativo a la violación de la Constitución (en su artículo 41) y el presunto lavado de dinero en la campaña del priista.
         A estas alturas del problema, está de más insistir con detalle en el vergonzoso papel del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, no sólo ha desechado con personal prisa todos los argumentos y pruebas que el Movimiento Progresista presentó para impugnar la elección presidencial, sino que hasta se convirtió en abierto y descarado defensor del PRI, al justificar el papel de las encuestadoras, sobre todo a GEA-ISA, la que durante todo el proceso electoral le dio una descomunal ventaja a Peña Nieto.
         Curiosamente, Valdés Zurita endureció sus palabras relativas al papel del IFE ante la impugnación del Movimiento Progresista luego de reunirse en privado con algunos dirigentes priistas, quienes le habrían presentado su denuncia sobre el presunto rebase del tope de gastos en la campaña de AMLO y la supuesta inyección ilegal de dinero por parte de gobiernos “de corte perredista”.
         Pedro Penagos, magistrado del TEPJF, hizo una dudosa y temeraria declaración pública en el sentido de que en su fallo sobre la legalidad de la elección presidencial “no influirán las marchas ni manifestaciones”.
         Aunque subrayó que se apegarán estrictamente a la Carta Magna, una lectura política de sus palabras nos dice que él (y probablemente el resto de los magistrados) son de antemano de la misma idea de su presidente, Alejandro Luna Ramos, quien anticipó hace unas semanas que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas”. Es decir, la impugnación no pasará y declararán a Peña Nieto Presidente electo.
         Atrás quedarán, pues, para el anecdotario, la descarada compra de votos, la inequidad, la certeza, el dinero de dudosa procedencia y en exceso, las trampas, la corrupción, la burla mundial, el sueño nacional por el avance de la democracia, la fresca irrupción del movimiento estudiantil #YoSoy132 (convertido ya en otro enemigo, no adversario, del sistema), la ilusa propuesta de AMLO de un Presidente interino, etc. etc. etc.
         En circunstancias tales, si bien el #YoSoy132 mantendría su firme y admirable postura pacifista (a pesar de que miles de sus simpatizantes continúan enarbolando la peligrosa bandera de “Si hay imposición habrá revolución”), seguramente algunos grupos radicales anti-PRI estarán dispuestos a todo, con tal de tratar de impedir que Peña Nieto se siente en la silla del águila.
         Así como al IFE le urge deshacerse de lo que considera fútil o desechable respecto a la impugnación del Movimiento Progresista y ya dejó para enero el resultado de las pesquisas sobre el eventual dinero indebido en la campaña de Peña, los magistrados resolverán lo más rápido posible no sólo lo concerniente a las dudas sobre la elección de diputados y senadores, sino la de Presidente de la República.
         Es decir, creo que no consumirán todo el tiempo legal para su fallo (hasta el 6 de septiembre). Resolverán días antes del 1 del mes patrio, fecha en que entra en sesiones el nuevo Congreso de la Unión, a fin de que Peña empiece a negociar la aprobación fast track de, al menos, una de las llamadas “reformas estructurales”, en este caso la laboral (que ya está “consensuada” por la Legislatura actual), con el ánimo de buscarse legitimidad y, al mismo tiempo, para echarle una manita a Felipe Calderón y se vaya con una tajada de ese envidiable pastel político, puesto que éste sería el único probable “triunfo” para su sexenio, visto desde la sociedad.
         Esta votación en el Congreso, con la mayoría PRI-PAN, más quizás algunos perredistas de la corriente de Los chuchos, sería también el indicativo de que el futuro gobierno sí cumplirá sus promesas de campaña y, sobre todo, será la punta de lanza para dejar claro que la ciudadanía no se equivocó en las urnas y sólo “los violentos” se oponen al avance del país.
         Además, con ello se pretendería allanarle el camino a Peña para que tome posesión en el palacio de San Lázaro, de manera “normal” y no como lo hizo Felipe Calderón, superprotegido por la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial, entrando por la puerta de atrás del salón de plenos y colocándose la Banda Presidencial de manera bochornosa.
         ¿Pero qué tan seguro sería esto?
         De ser así, la presencia de fuerzas de seguridad pública (granaderos, Policía Federal, Estado Mayor Presidencial, soldados y hasta marinos) sería multitudinaria en los alrededores e interior del recinto legislativo y Peña Nieto tendría que llegar en helicóptero porque miles de integrantes del #YoSoy132 y otros grupos afines o no a los estudiantes se apostarían en las calles aledañas desde uno o dos días antes del 1 de diciembre.
         ¿Qué caso tendría dar al mundo un espectáculo de esa naturaleza?
         Según la nueva reforma política, en la que se contempla en la Constitución (artículo 87) que la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo federal sea ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no haber condiciones para hacerlo en el Congreso de la Unión, el segundo escenario sería la sede del máximo tribunal del país.
         Pero como éste también podría ser cercado por los manifestantes, aunque las fuerzas del orden público lo protejan varias calles a la redonda, el espectáculo sería el mismo.
         Por lo tanto, se recurriría a un tercer escenario: Los Pinos (el Auditorio Nacional no sería apto para un acto protocolario de esa índole, además de que se rebajaría su importancia, por más que se quiera tener a cientos de invitados especiales y darle un toque “ciudadano”).
         Así, ni Felipe Calderón ni Peña Nieto se verían expuestos a ser tratados mal por los legisladores del Movimiento Progresista, ni por nadie más, y todo se haría ante las cámaras de televisión y demás medios de información, con sonrisas de oreja a oreja.
         Si la nueva reforma constitucional autoriza que el cambio de la Banda Presidencial sea en presencia del ministro presidente de la SCJN, se adapta uno de los salones de la residencia oficial, asisten los integrantes de las mesas directivas de ambas Cámaras (sin la presencia de los del Movimiento Progresista) y asunto resuelto. Peña llegaría en helicóptero y a los demás asistentes les abrirían camino la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial.
         ¿Qué más da que no estén presentes para aplaudir jefes de Estado de otros países e invitados especiales, como siempre se ha hecho, inclusive en 2006? Ya les invitarán el champaña en otro sitio de Los Pinos.
         Con ello, la idea de AMLO de un Presidente interino, debido a un conflicto de impredecibles proporciones que impida a Peña tomar posesión, se quedaría en eso: un sueño pejista.

¿QUIÉN QUIERE UNA GUERRA CIVIL?

Vistas las cosas así, todo parecería ir viento en popa. ¿Pero quién nos asegura que ese grito de marcha estudiantil de “Si hay imposición habrá revolución” se quedará en sólo consigna callejera?
         Este choro viene a cuento aquí porque días antes de las elecciones del 1 de julio pasado salió a la luz pública una novela que atrajo mi atención por la tesis que maneja: la guerra civil en México, tras unas elecciones (éstas) conflictivas en extremo.
         Hasta ahora, todo ha ido en calma... “Chicha”, pero calma al fin.
         ¿Se mantendría sin escalar hacia el rojo, a partir de que el TEPJF avale los comicios y declare a Peña Presidente electo?
         La novela referida es Coro de monólogosMéxico, entre la apatía y la tragedia- (Tercer Escalón Editorial, 2012), del joven y novel escritor mexicano Raúl Rodríguez Rodríguez.
         Sin ánimo de ser un agorero de la violencia, ni nada por el estilo, sino sólo respondiendo a sus “demonios literarios”, pero consciente de que la realidad político-social mexicana pareciera encaminarse hacia un escenario sangriento provocado por la feroz lucha por el poder, el autor narra una historia que parte del resultado de una contienda electoral en la que participan los mismos actores del 1 de julio pasado.
         Si bien esto es sólo el gancho literario para atrapar al lector desde el primer párrafo de la novela, Rodríguez Rodríguez va soltando lenta y temerariamente una intrincada serie de sucesos nada agradables (ni mucho menos deseables) que pinchan al país y lo desangran en una guerra civil con similitudes a la vivida en Libia para derrocar a Kadafi y a la que ahora experimenta Siria.
         Es decir, un conflicto armado entre dos facciones en el que hay militares y civiles muertos, aunque la vida pasa con aparente normalidad en ciertas zonas de las principales ciudades (el DF en primer lugar) y/o regiones del país, dependiendo quién gobierne en ellas.
         Raúl Rodríguez Rodríguez, metido en asuntos políticos como ex funcionario público y ahora en un corporativo de medios (MVS Radio) conoce muy bien los sabores y sinsabores de nuestro sistema de gobierno y, sobre todo, de las pocas virtudes y muchos pecados de la clase política. Para él, la historia nacional actual no ha variado prácticamente en nada respecto a la de hace un siglo y por eso el desgarre sangriento en que caen los protagonistas de Coro de monólogos.
         Lo que considera “la condición humana desde la política” es su tratado en la novela para hacer un análisis de nuestros políticos: ineptos, corruptos, convenencieros, tramposos, cínicos. O sea, demasiado predecibles, aunque votemos por ellos, al parecer, sin mayores cuestionamientos.
         Todos, en lo individual y en grupo, son parte de un rompecabezas que ni ellos mismos entienden ni quieren entender, ni mucho menos armar y darle forma, o al menos que la ciudadanía los entienda y acepte. Algo así como darle de comer al pueblo no lo que necesita, sino porque no tiene nada en el estómago y ha de consumir lo que le den, con tal de no morirse de hambre.
         Y en ese coro personalista también gritan los poderes fácticos, los mismos que durante el pasado proceso electoral tanto daño habrían hecho a nuestra de por sí discapacitada democracia.
         El autor pretende lo que muchos deseamos y exigimos a la clase política: el rescate de la conciencia social, del civismo y el humanismo, que tanta falta hacen y a veces pareciera que están a años luz del pueblo.
         Y para ello toma muy en serio el papel del ciudadano “de a pie”, el mismo que ahora podría englobarse en la filosofía del movimiento estudiantil #YoSoy132, cuyo principal propósito ha sido despertar la razón ciudadana ante los que pretenden gobernarnos (políticos y poderes fácticos).
         Preocupado por lo que ve como apatía ciudadana, Raúl Rodríguez Rodríguez sugiere con su novela que la efervescencia social se revele como una catarsis pacífica y no termine con las calles y el campo mexicanos teñidos de rojo sangre, que ya demasiada se ha derramado (y esto lo digo a voz propia, aunque él coincida conmigo) en la estúpida guerra antinarco de Felipe Calderón.
         ¿Qué tan lejos estamos los mexicanos de un escenario de violencia como el que pinta en Coro de monólogos? Probablemente muy cerca, pero ojalá que la línea divisoria sea tan complicada de cruzarse no por lo intrincada que se vea, sino porque el ánimo de quienes quisieran atravesarla (y quizá de quienes quieran que la atraviesen) no acumulen ni el odio, ni la desesperación, ni el hartazgo, ni la furia necesarias para una aventura de esa naturaleza.
         Tal vez el bando que pelea el poder esté dispuesto a obtenerlo a como dé lugar y por sobre quienes se opongan, y a veces así pintan las cosas, pero esperemos que, si ha de destaparse la cloaca aún más de lo que ya está, la pestilencia no sea tal como para que el solo hecho de que Enrique Peña Nieto sea declarado Presidente electo y eventualmente tome posesión sin mayores problemas, nos arrastre a un conflicto armado.
         Coro de monólogos debe tener éxito en ventas porque el tema que trata es muy interesante y muy nuestro, además de que está bien escrita, pero que, como se dice vulgarmente, a Raúl Rodríguez Rodríguez se le haga la boca chicharrón y que dentro de unos meses se le aplauda por tratar de ese modo la realidad política y social mexicana actual, y que le estemos pidiendo otra novela exitosa como se merece serlo ésta, su primogénita.
         En entregas anteriores de esta misma columna, he manejado la nada agradable hipótesis de que con Peña Nieto en el poder podría haber represión policiaca, por la sencilla razón de que no faltarán los grupos radicales cuyo enojo sea tal que se avienten al ruedo con todo, en contra de lo que el mismo #YoSoy132 entiende como su “imposición” en la Presidencia de la República.
         Pero aunque no creo estar equivocado, al igual que el escenario que pinta Raúl Rodríguez Rodríguez en Coro de monólogos, espero que sólo por eso también a mí, como a él, se me haga la boca chicharrón, con tal de que no tengamos que ver en las calles cuerpos ensangrentados ni siquiera por garrotazos y patadas de los policías, como en Atenco, estado de México, en 2006.






lunes, 16 de julio de 2012

¡¡AL DIABLO CON LA IMPUGNACIÓN!!


COLUMNA
CHICOTAZOS



LA DEMOCRACIA DISCAPACITADA


FREDDY SECUNDINO S.

En México, la clase política gobernante, y la que quiere gobernar, se niega a entender que una gran parte de los gobernados no piensa como lo hacía la mayoría unos sexenios atrás. Se nos pretende manipular como viles esclavos sociales, arrasando parejo, como si todos tuviéramos el nivel educativo de hace, al menos, dos décadas y, por ende, careciéramos de capacidad de análisis y de crítica a lo que no agrada no por capricho, sino porque está mal hecho o se deja de hacer.
         Resulta, más que preocupante, indignante cómo han respondido priistas y panistas ante el evidente y asqueroso cochinero (reconocido por los segundos) que resultaron ser las elecciones federales del 1 de julio pasado.
         Unos (los tricolores), apoyados por los medios periodísticos afines y sus matraqueros opinadores, se aferran a su cínica e intolerante imposición de que todos debemos aceptar los resultados que hasta ahora ha avalado una autoridad electoral sumisa, convenenciera y burocrática.
         Alegan apego particular a las leyes sólo porque se sienten ganadores. Y reclaman violación conjunta de las mismas, de parte de la izquierda nacional (no sólo de los partidos contendientes en las elecciones, sino de los votantes de los candidatos de éstos), por el solo hecho de que se exige a las instituciones encargadas de calificar los comicios que se investiguen eventuales irregularidades antes y durante la jornada electoral.
         Es decir, pretenden obligarnos a todos los mexicanos (por la forma como lo dicen, no sólo se refieren a quienes protestan, sino a cualquiera que se quiera poner al lado de éstos) a aceptar la violación de las leyes y reconocer su triunfo a fuerzas, a pesar de todas las cochinadas que hubieren cometido. O sea, la “haigasidomanía” (aceptar todo a como dé lugar).
         Claro, saben muy bien que mientras más pronto se reconozca la validez de las elecciones, más fácil tomarán el trofeo que les corone el triunfo y se harán de los elementos suficientes para imponer sus derechos, por sobre los de los adversarios.
         Para ellos, quienes busquen que el árbitro del partido se vea obligado a revisar la contienda y, apegado a la norma jurídica y conforme a derecho, limpie de toda impureza el juego, están, por ese solo hecho (y derecho legal), no sólo violentando lo que llaman “paz social”, sino violando las leyes.
         No admiten, aunque reconozcan sus cochinadas ilegales, ni siquiera que los ofendidos recurran a la norma (a la que ellos suponen apegarse) para defenderse por los cauces pacíficos y, sobre todo, legales.
         Y los otros (panistas), a pesar de que se llenan la boca de supuesta inconformidad por las eventuales violaciones legales antes y durante el proceso electoral, no mueven un dedo para acudir ante las instancias correspondientes a interponer una queja al respecto, lo cual, al menos, es una obligación moral y cívica (aceptando que no les importa que se aplique la ley como debe ser).
         ¿Qué caso tiene que en declaraciones periodísticas digan una y otra vez que el PRI cometió “graves irregularidades” o “violaciones a la ley” (o como quieran llamarle) y no presenten por separado (nada los obliga a coligarse con el Movimiento Progresista en tales obligaciones) la queja legal correspondiente ante la autoridad electoral?
         Se necesita ser un “cara dura”, como diríase en cierto argot, para querer burlarse de quienes tenemos un mínimo de información al respecto. ¿Cuál es, para ellos, su papel ante la sociedad? ¿Qué clase de electores suponen tener para ignorarlos o menospreciarlos también de ese modo, enseñándoles que para tener la conciencia tranquila basta con señalar los errores ajenos, sin importar que éstos sean graves para la cultura cívica nacional, y que da lo mismo si se denuncian o no?
         Está bien que el grueso de los mexicanos carezca de un nivel educativo aceptable (y, por ende, de cultura política) para comprender y, sobre todo, participar de manera activa en estos terrenos, pero es inadmisible que se burlen de ellos embarrándoselo en el rostro de ese modo cuantas veces se les dé la gana.
         Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista no sólo tienen el derecho legal para impugnar los resultados de las elecciones y, en consecuencia, exigir la invalidez de las mismas, sino que es su obligación moral, cívica y política decirlo y repetirlo incansablemente ante la nación, además de presentar la queja por escrito ante la autoridad electoral.
         Y ésta (llámese Instituto Federal Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), tiene el deber de recibirla, analizarla y juzgarla con absoluta imparcialidad y apegada a la ley, sin ningún resquicio para la negociación política que desemboque en un fallo parcial o partidista.
         Tal vez los quejosos tengan razón en todo o en una mínima parte, respecto a los artículos eventualmente violados por el PRI (tanto de la Constitución como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), pero lo menos que tienen que hacer los jueces responsables del fallo es analizarlos a profundidad, desahogando todas las pruebas en contra y a favor de las partes involucradas.
         ¿Lo harán con absoluta seriedad, imparcialidad y honestidad?
         A mi entender, no. O no todos los magistrados.
         Por supuesto que no es una tarea nada fácil. Pero dado los innumerables ejemplos que en el pasado (y en este mismo proceso electoral) hemos tenido sobre su actitud como institución en situaciones similares, al menos queda la irrefutable sospecha de que no harán su trabajo de manera tal que toda la sociedad quede convencida de su labor.
         Quienes votaron por el PRI y su candidato y quienes se manejan cotidianamente con un espíritu conformista, al menos, en estos aspectos de la vida nacional, podrán dar de brincos y calificarme de irresponsable o epítetos por el estilo. No me importa. Sólo pido que tengan un mínimo de conciencia cívica, sensatez y educación política, para entender que no se puede jugar con la voluntad y el derecho de millones de mexicanos que soñamos con tener un país mejor en todos aspectos, independientemente de quien nos gobierne.
         El espíritu de paz individual y vida comunitaria tranquila y aceptable depende de un gobierno apegado a la razón social y que vele por los derechos de todos de manera estricta e imparcial.
         ¿O de qué otro modo se pretende aspirar a ser reconocidos como un país democrático y equitativo? ¿Acaso basta con que el grupo gobernante ejerza a su modo esta forma de gobierno y obligue a los gobernados a entenderla a como dé lugar, y si no están de acuerdo que se jodan?
         Tal parece que más bien México cada vez se adentra más en esto último camino.
         Para muchos más de los casi 16 millones de electores que, según el conteo del IFE, prefirieron en las urnas a AMLO y a los partidos que lo impulsaron, fue más que evidente la descarada manipulación de las elecciones a favor de Enrique Peña Nieto y del PRI.
         La coacción y compra de votos no se debe poner a discusión porque se hizo de manera burda y hay cientos (o miles) de ejemplos que lo demuestran, tanto que hasta los propios simpatizantes priistas involucrados lo dicen con cínica carcajada cada vez que lo presumen. Sólo falta que el TEPJF evalúe a cabalidad la impugnación del Movimiento Progresista y emita su fallo como debe ser.
         La inequidad también fue evidente. Basta ver los monitoreos de medios que hizo la UNAM para el IFE (en cuestión de notas informativas, crónicas, reportajes y entrevistas), en los que, en promedio, el tiempo en radio y televisión para Peña Nieto siempre estuvo por arriba (tres puntos, en promedio) de AMLO, y acaso en algunos estuvo al parejo o por debajo de la panista Josefina Vázquez Mota. Ya no se diga la poca atención al títere de Gabriel Quadri, a quien, para efectos legales, debió de tratarse igual que a sus tres adversarios.
         ¿O qué, es que en la ley electoral y en la Constitución se marca alguna diferencia en el trato para el candidato o partido que tenga menos poder? Por supuesto que no. Entonces, ¿a qué le llaman equidad, si nunca estuvieron todos al parejo?
         Equidad, según el diccionario, significa justicia, imparcialidad, igualdad. ¿O es que para efectos legales en cuestión de elecciones en México, es otra cosa, aunque no esté especificado en ninguna ley?
         Si ha de interpretarse la ley, los magistrados del TEPJF tendrían que decirlo con todas sus letras: hubo inequidad en la elección, se favoreció de manera inobjetable a Peña Nieto y esto influyó en los resultados finales.
         Y, claro, esto sin tomar en cuenta el papel de las empresas encuestadoras, quienes se aprovecharon de que no están reguladas y, vaya usted a saber bajo qué oscuros convenios, tomaron a Peña como su gallo en la contienda, poniéndolo siempre muy por encima del segundo lugar (fuere AMLO o Josefina), con el claro mensaje de que era invencible.
         Aunque esto no es más que (válgase así, si se quiere) una “vaga” interpretación individual, sí se tiene que tomar en cuenta por parte de los magistrados porque a la par de esta aparente intención siempre estuvo la interminable ola de opinión favorable para el candidato priista, por parte de los matraqueros opinadores en medios impresos y electrónicos. ¿Acaso esto no lo considerarán los magistrados al juzgar la inequidad que se denuncia?
         Por otra parte, el posible rebase inescrupuloso en los gastos de campaña (en un equivalente a cinco veces más de lo legal), cuyas pruebas contundentes, al parecer, presentó el Movimiento Progresista, son tanto o más graves que cualquiera de las faltas anteriores. ¿A quién, con un mínimo de lógica matemática, le cabe en la cabeza aceptar que el PRI gastó sólo los poco más de 300 millones de pesos autorizados por la ley?
         Con todo esto, y lo que resulte, el TEPJF tiene los suficientes elementos para declarar inválida la elección presidencial (la que se impugna, aparte de inequitativa, como imparcial, sin certeza y sin independencia).
         Si los magistrados hacen su trabajo como debe ser y en su fallo argumentan de manera contundente y convincente, al menos para la mayoría de los mexicanos, estarán no sólo respetándose a sí mismos, sino actuando como verdaderos defensores de los intereses del país, llámesele a esto democracia o como se quiera. Está tan devaluada esa palabra que los pocos que entendemos su significado ya dudamos de su eficacia.
         Y si mayoritariamente optan por validar la elección y, por ende, le otorgan a Peña Nieto la constancia de Presidente Electo (quiero suponer que así será y quizás uno o dos magistrados votarían en contrario alegando ciertas irregularidades que, eventualmente, derivarían en multas millonarias para el PRI y el Partido Verde), no sólo estarían dando por hecho que en este país se puede violar la ley, “aunque sea poquito”, y no pasa nada, sino que acabarían con la poca credibilidad para esa institución (el TEPJF) y, peor aún, estarían abonando a la inestabilidad social y la represión policiaca por parte del próximo gobierno, pues éste se sentiría avalado para actuar a su modo ante cualquier protesta multitudinaria que considere inapropiada “para la paz del país y el Estado de derecho”.
         Un fallo validando la elección e imponiéndole a Peña esa especie de pre-Banda Presidencial, sería también la imposición legal de una democracia basada en la marrullería, esta vez traducida en compra y coacción del voto, la manipulación masiva por medio de la prensa y con ayuda de dinero de procedencia, si no ilícita, dudosa (dado que el PRI habría recibido recursos triangulados por empresas inexistentes, según datos de la impugnación del Movimiento Progresista y ventilados días antes en algunos periódicos nacionales y extranjeros).
         Nada podrán aducir en su descargo los magistrados electorales para calificar a medias la elección presidencial, sólo porque tienen hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo. El tiempo podría ser poco y la tarea ardua, pero tienen los recursos económicos, humanos, políticos y legales suficientes para que trabajen como debe de ser.
         El problema es que, independientemente de que desahoguen todas las pruebas conducentes, la mayoría piense y actúe como lo hace el presidente del Tribunal, Alejandro Luna Ramos, quien ha insistido en que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas” (hay una entrevista que Guadalupe Juárez, la moderadora del primer debate entre los candidatos, le hizo y que se transmite alrededor de las 5:45 AM todos los días por el canal 28 de televisión, en la que responde a pregunta expresa y, con toda tranquilidad, reitera su dicho de días anteriores a ésta).
         ¿Por qué juzgó antes de conocer la denuncia que ya se veía venir? ¿Qué clase de juez se cree? ¿Qué significa para él aplicar la ley conforme a derecho?... No le preguntemos qué entiende por democracia… Pero si así lo dijo y luego se hizo entrevistar “a modo” para pagar en televisión, con dinero público, su reiteración de su casi segura postura ante la impugnación que ya esperaba, es porque seguramente en ese sentido será su fallo.
         Ojalá me equivoque, independientemente de cómo actúen los demás magistrados. Pero dudo mucho que el veredicto final vaya más allá de una eventual multa económica (y, claro, la absurda e hipócrita “regañada” pública, remember casos Amigos de Fox y Pemexgate) a los partidos que postularon a Peña Nieto.
         Y, por supuesto, se llenarán la boca afirmando que actuaron con estricto apego a la ley, conforme a derecho y siempre velaron por la democracia y la gobernabilidad. Bla bla bla…
         Con ello, estarán imponiéndole a las elecciones una aparente legalidad, a sabiendas de que lo de la tan traída legitimidad, será lo de menos porque, simple y llanamente, eso dependerá de Peña Nieto y su gobierno, con sus acciones.
         De ser así, como todo parece indicar, tendremos una clase política gobernante (en la que se acuñan supuestos funcionarios “ciudadanos”) que nos quiere acostumbrar a vivir entre la mierda, que nos quiere incrustar (¡¡oooootra vez!!) a la cultura de la trampa, de la violación de las leyes “aunque sea poquito”, del cochupo, de la compra de conciencias valiéndose de la incultura y la pobreza económica. En fin, del “ái se va”.
         Serán la misma clase de políticos que antaño, con la mano en la cintura y con carcajada sonora, se burlaron como quisieron de la voluntad popular que ellos mismos supuestamente defendían a cabalidad conforme a derecho y lo dejaban por escrito.
         Nuevos nombres, con actitudes añejas redivivas, quienes, al igual que sus maestros, consideran que la justicia se aplica según las conveniencias del grupo en el poder, y cualquiera que no esté de acuerdo con eso, no es visto como un adversario político, sino como un enemigo a desaparecer, aplicándole a su modo las leyes que ellos redactaron e interpretan a su capricho.
         Ése es el más grande peligro que México tiene en el horizonte. A eso tendrían que atenerse quienes no estén de acuerdo con esa toma de decisiones legaloides, llámense perredistas, #YoSoy132 o cualquier otro actor social y/o político que pretenda protestar airadamente (aunque apegados a la ley) contra alguna injusticia.
         Ojalá me equivoque, pero lo dudo.






martes, 10 de julio de 2012

¿IMPOSICIÓN = REVOLUCIÓN?


COLUMNA
CHICOTAZOS



UN PRESIDENTE “CHATARRA”


FREDDY SECUNDINO S.

Esta no es una buena noticia, ni mucho menos un comentario esperanzador para quienes luchan de un modo u otro porque en este narco-país haya una verdadera democracia y que ésta, aunque parezca un sueño guajiro o algo peor, se dé en las urnas y querían verla brotar en las elecciones federales del 1 de julio pasado.
         Nadie en su sano juicio puede negar (a riesgo de caer en el peor cinismo y ser intolerantemente hipócrita) que la polarización social es real y más evidente que en el 2006. Basta ver los comentarios vertidos permanentemente y, al parecer, cada día en mayor número y más duros, en las redes sociales.
         Unos, exigiendo no sólo la limpieza de los comicios, sino su anulación y/o la no “imposición” de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Y otros, reprobando a quienes piensan así y no aceptan ninguna razón para que se impida que su candidato se siente en la silla del águila.
         La “comentomanía” está al por mayor, gracias a Facebook y Twitter, y quizá por eso se nota más que en el 2006, cuando la utilización de estos recursos tecnológicos apenas se abría camino en México.
         A mi entender, no es por eso que ambas posturas respecto al proceso electoral estén plagadas de injurias, inclusive personales, que a veces llevan a pensar a que podría estarse gestando una inconformidad de dos frentes, que eventualmente llevaría la violencia a las calles. Esto, por si a alguien –irresponsablemente– se le ocurre de manera estúpida encender la mecha que propague el fuego. Y creo que en un lado y en otro sobran quienes estarían esperando la primera oportunidad para hacerlo.
         El peligro radica, en realidad, en que una de las partes (la que exige la anulación de la elección presidencial) reclama fraude (unos) u otras ilegalidades (el resto) que, desde su perspectiva, son pruebas contundentes para no aceptar los resultados avalados, hasta ahora, por el Instituto Federal Electoral.
         La otra parte (la que no acepta nada de aquéllos, así tengan razón jurídica), aunque hasta ahora sólo se ha manifestado en las redes sociales y en los medios electrónicos e impresos afines al PRI, alega que si la autoridad electoral ya avaló los comicios, no se debe persistir en el reclamo, ni siquiera, de que se limpie en su totalidad el proceso.
         Aquéllos, presumiblemente todos votantes de Andrés Manuel López Obrador, han generalizado ya el grito del movimiento estudiantil #YoSoy132 y en cada manifestación callejera se escucha con mayor vehemencia y coraje “¡Si hay imposición, habrá revolución!”.
         Si bien (se supone) el significado de esa consigna es que no se habla de una amenaza violenta (léase armada), sino pacífica y materializada en manifestaciones masivas en las calles y ante las instituciones públicas responsables de la calificación de las elecciones (IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), hay millones en ese sector dispuestos a impedir a como dé lugar la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.
         Mientras tanto, aunque calladitos, en la otra “trinchera” hay quienes expresan en las redes sociales y de boca a boca, su disponibilidad de defender el triunfo de su candidato también a como dé lugar.
         Y ya se dio un burdo pero peligroso y preocupante ejemplo en Jalapa, Veracruz, hace unos días, cuando un sujeto identificado como Juan Pablo Franzoni Martínez (dícese él mismo perteneciente a las juventudes priistas de esa ciudad), amenazó con una pistola (con cartucho cortado) a los manifestantes del #YoSoy132 contra la imposición de Peña Nieto.
         Por fortuna, el hombre fue aprehendido por la policía y remitido ante el Ministerio Público, por el delito de portación ilegal de arma de fuego (al parecer, una pistola calibre .22).
         Como el hecho fue denunciado con fotos en las redes sociales y las imágenes recorrieron el país y el mundo de ese modo y en notas periodísticas, de inmediato los priistas (como suele suceder en casos que no les convienen, como los de los ex gobernadores de Tamaulipas ligados por las autoridades judiciales de Estados Unidos con el narcotráfico, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) y los restauranteros estatales asociados (se dijo que Franzoni es socio de algunos comercios de este tipo) se deslindaron del violento sujeto.
         ¿Quién puede asegurar que en todo el país es el único “loco” de su tipo? ¿Quién es el guapo dirigente priista que se atreva a meter la mano al fuego porque algún militante o simpatizante tricolor no rebase lo hecho por Franzoni? ¿Quién, si el diputado local priista en la Asamblea Legislativa del DF, Cristian Vázquez, mejor conocido como “el dipuhooligan”, por violento y mal hablado, ya amenazó verbalmente con “madrear” a los chavos del #YoSoy132? ¿Quién, si en las redes sociales circula una caricatura que simula el cadáver de un #YoSoy132, acompañada de un texto que advierte que el responsable de algo así (o sea, los muertos de ese grupo) será AMLO?
         Y si volteamos al lado contrario, ¿quién podrá impedir que haya quienes piensen hacer lo propio, si finalmente Peña Nieto es declarado Presidente electo?
         Por el rumbo que van tomando las decisiones al respecto, el TEPJF desechará las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para que se anule la elección presidencial.
         Es más, creo que ni siquiera ordenará el recuento total de votos, como salida emergente para tratar de tranquilizar a AMLO y seguidores. Porque tanto para el IFE como para el TEPJF, como instituciones y en lo personal algunos de sus integrantes, el descontento por el cochinero de las elecciones no es ni será de la mayor parte de la sociedad, sino de “unos cuantos”. O sea, ni siquiera, según ellos, de los casi 16 millones que votaron por AMLO, según el conteo del IFE.
         No es descabellada esta especulación, si ya vimos que desde media hora después de cerradas las casillas el 1 de julio, la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y el títere de Gabriel Quadri, no sólo aceptaron la derrota (¡cuando ni siquiera habían cerrado algunas casillas del noroeste del país!), sino que pidieron que AMLO hiciera lo propio. Y a las 23:15 horas, el consejero electoral presidente, Leonardo Valdés Zurita, y enseguida Felipe Calderón, dieron por ganador a Peña Nieto (¡cuando apenas iba el 10 por ciento del conteo rápido del IFE!).
         Después, panistas, priistas y la “comentomanía” afín al PRI en medios electrónicos e impresos ha insistido constantemente en que AMLO, al protestar y pedir el recuento de votos y la anulación de la elección, no está respetando el absurdo “acuerdo de civilidad” firmado por los cuatro candidatos tres días antes del 1 de julio. Como si ese fútil documento valiera más que la ley electoral o que la Constitución, mismas que le otorgan al tabasqueño el derecho de hacer lo que hace.
         Los abogados del Movimiento Progresista podrán alegar, con validez jurídica y pruebas suficientes, que existen los elementos necesarios para que los magistrados del TEPJF anulen la elección, pero eso, por desgracia, se quedará en su inteligencia, no entrará nunca en la de los integrantes de esa institución.
         Por ende, Peña Nieto será impuesto como Presidente electo. Estarán haciendo realidad lo que en mi columna anterior denominé como “haigasidomanía” (aceptar algo a como dé lugar, sin importar de dónde y cómo viene). Pero eso es lo que menos les importará, a la hora de las descalificaciones y la furia de quienes en la calle exigen que no se haga víctima al país de una decisión de esa naturaleza.

UN PRESIDENTE “CHATARRA”

Más allá de la polémica de si se debe o no calificar de fraude esta elección, no obstante el significado claro del término, pero que ante los priistas (militantes, simpatizantes o adláteres de cualquier tipo) queda a la interpretación personal de los funcionarios electorales que finalmente decidirán, es un hecho vergonzoso y apabullante que Peña Nieto “compró” ilegalmente la Presidencia de la República.
         ¿Cómo no considerar evidencia de esto las miles y miles de tarjetas pre-pago telefónicas y de crédito de las tiendas Soriana, a cambio del voto por él? ¿Y el derroche de dinero que en todo el país se hizo en infinidad de objetos y publicidad de todo tipo? ¿Y las notas informativas o comentarios a favor en noticiarios y programas televisivos y radiofónicos, así como en medios impresos de todo México?
         Para empezar, la ley especifica que si existe (y se comprueba, por supuesto) irregularidad en al menos 25 por ciento de las casillas instaladas en todo el país, la autoridad competente puede anular una elección. Y uno se pregunta si el hecho de recontar más del 50 por ciento de los votos no es suficiente para considerar lo concerniente. ¿Y qué, en las casillas donde no se recontaron no hubo irregularidades? ¿Por qué el IFE dio por hecho esto, al no tomarlas en cuenta para el recuento?
         Además, hay elementos para concluir que los comicios no fueron, ni por mucho, limpios ni equitativos. Pero la avasalladora compra y coacción del voto por parte del PRI y el golpeteo permanente de sus medios afines contra AMLO (en defensa, el IFE y ellos se cuelgan de los tiempos oficiales de spots para cada uno y las notas informativas, pero ignoran los comentarios a favor para un candidato y negativos para otro) no los toman en cuenta.
         Peor aún, lo quizá más delicado es el rebase en el tope legal de gastos en las campañas. Las dos pruebas (al parecer, contundentes) que el Movimiento Progresista presenta son los casos del llamado Monexgate (56 millones de pesos que el PRI no le habría pagado al Grupo Financiero Monex por posicionar la imagen de Peña Nieto, y por el cual hay una denuncia penal en una Corte de California, Estados Unidos) y el de las tarjetas de crédito Soriana que “mapaches” electorales priistas se encargaron de repartir entre simpatizantes o no de ese partido, con fondos diversos por tarjeta, con tal de que votaran por su candidato.
         Primero se negó el hecho contundente. El propio Peña Nieto dijo en una entrevista a la BBC de Londres que ésa era una estrategia de AMLO y los partidos que lo impulsaron a la Presidencia. Y Soriana hizo lo propio.
         Pero ante la realidad (cientos de “mapaches” electorales reclamaron públicamente el no pago de su labor por parte del PRI, y miles de “tarjetahabientes” inundaron las tiendas Soriana para hacer compras con las tarjetas), trataron de deslindarse mutuamente e inventaron una y otra tontería.
         El apoderado legal de Soriana fue llamado a cuentas por la Fepade y la empresa publicó un desplegado en algunos periódicos, alegando ser una blanca palomita, que sus programas de beneficios “operan con objetivos exclusivamente comerciales, con total apego a la ley y sin ningún interés político”.
         Pues sí, que se sepa, ningún empleado de esa cadena fue postulado a algún cargo de elección. Su interés es comercial porque se dedican al comercio y lo que recogerán como beneficio de este apoyo al PRI es más ayuda para hacer crecer su negocio.
         (He de consignar aquí que, hace unos días, un amigo escritor que --me consta-- es un recalcitrante simpatizante del PRI, me confió que a él le dieron “un chingo de tarjetas… y de diversos precios” (según su dicho textual). Con él iba un sujeto que me mostró una tarjeta de ésas… Como para que no me quedara duda de lo que a carcajadas sostenían.)
         Todo esto, quieran o no, deberán no sólo tomarlo en cuenta los magistrados electorales, sino interpretarlo conforme a derecho y estrictamente apegados a la ley, al momento de emitir su juicio respecto a la petición de nulidad de la elección.
         Y si han de ser profesionales e imparciales y leales al país, y dejar de lado sus simpatías partidistas (que, por supuesto, las tienen y para muchos no es un asunto a debate), deberán poner al mismo nivel la inequidad provocada por la “comentomanía” y, a la par, cual clon, el papel de las empresas encuestadoras, mismas que mintieron abiertamente y crearon una imagen de inalcanzable e invencible al candidato priista (la intención era provocar una especie de depresión política en el electorado y hacerlo pensar que no había vuelta de hoja, pues casi el 50 por ciento “de los mexicanos”, no de los electores, quería al mexiquense como sucesor de Felipe Calderón).
         De lo contrario, si los magistrados se atienen a lo que ya adelantó su presidente, Alejandro Luna Ramos, en el sentido de que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas”, estarán legalizando el peor criterio personal de la historia electoral mexicana, por el solo hecho de prejuzgar no sólo antes de estudiar el caso, sino de pretender institucionalizar una opinión individual.
         Estamos, pues, ante una eventual manipulación de la ley por parte de un grupo de funcionarios electorales que, de entrada, se hizo el ciego antes de las elecciones y dejó pasar las irregularidades que desde entonces se denunciaron.
         El IFE ya avaló la elección, apoyándose en el legaloide recuento parcial de votos. Y no obstante el señalamiento de serias irregularidades en casillas que no fueron consideradas en el recuento, desestimó la denuncia y no consideró ni una casilla más. ¿Quién asegura que el Tribunal Electoral sí lo hará?
         Esto, a mi entender, pareciera una especie de acuerdo no escrito entre grupos de poder fácticos, dos partidos políticos y autoridades electorales, para repartir la Presidencia de la República entre dos bandos (PRI y PAN), confabulados descaradamente a la hora de tomar las decisiones más trascendentales (como es la elección presidencial) y sin importarles ni el descontento de una buena parte de la ciudadanía, ni el derecho legal de ésta para cuestionar con pruebas fehacientes la comisión de diversos delitos y su reclamo del castigo correspondiente.
         Para ello, les da lo mismo que en el camino queden los vestigios de su hambre desmedida de poder, materializados en los millones de mexicanos de escasos recursos económicos y educativos, burlados en su dignidad, conscientes o no de ello, lo que para fines prácticos da lo mismo porque con esa actitud (de unos y otros) se pone en juego la democracia de papel que hay en el país.
         Prueba clara de que estas actitudes le rinden frutos al PRI es que, según algunas conclusiones sobre el giro del voto ciudadano el 1 de julio pasado, Peña Nieto obtuvo el mayor número de sufragios por parte de quienes tienen nivel de escolaridad entre primaria y secundaria, y que son clasificados en la llamada “clase baja” por sus percepciones salariales.
         Es decir, las clases más desprotegidas (en lo económico y lo educativo) y, por ende, las más susceptibles de caer en la coacción, la compra y la manipulación. Y, peor aún, las más acríticas.
         ¿Qué les importa si el candidato al que le dan su voto es un inculto y/o ignorante? ¿Qué saben ellos sobre el analfabetismo funcional? ¿Cuándo han oído o quién les ha explicado lo que significa “clientelismo político”? Seguramente, si no para todos ellos, para la mayoría recibir una tarjeta Soriana con mil pesos de fondo es un privilegio, un lujo. Para ellos, no es lo mismo comprar en el tianguis o “el mercadito”, que hacerlo en el súper.
         ¿Cuántos de estos millones de electores (con nivel de primaria o secundaria) de Peña Nieto saben lo que es la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, sólo por mencionar tres aspectos de la administración pública?
         ¿Qué saben ellos de democracia? ¿Qué piensan cuando ven los noticiarios de televisión y los sesudos “analistas” adláteres del sistema (sea quien sea el partido en el gobierno, federal o estatal) se llenan la boca gritando a los cuatro vientos que México goza de cabal salud en ese ámbito?
         ¿Qué les importa a estos electores que la guapura de Peña Nieto sea equivalente al nivel de corrupción e impunidad de su partido, el PRI? Si hacemos una encuesta entre ellos, la mayoría dirá que mientras repartan, no importa que roben. O sea, si el partido como gobierno es corrupto y no le hacen nada, ¿por qué yo como gente común y corriente no lo voy a hacer, si me dan chance?
         Además, y esto es un comentario que yo he escuchado infinidad de veces, con el PRI en el poder “se acabarán las matazones” en el país “porque ellos sí saben negociar con el narco”.
         Esto, claro, en el entendido de que el TEPJF deseche las pruebas del Movimiento Progresista por la nulidad de la elección presidencial, declare a Peña Nieto Presidente electo y éste tome posesión el 1 de diciembre próximo (lo único que no me atrevo a adelantar es esto último).
         Y si eso se interpreta como imposición, ¿habrá revolución? Es decir, ¿se le dará a Peña Nieto la oportunidad de hacer lo que hizo en Atenco, Estado de México, y ponga en práctica a nivel nacional su estilo personal de reprimir?
         En lo personal, no dudo que lo haga, aduciendo, como dijo en la Universidad Iberoamericana el día que brotó el #YoSoy132, que lo hará “para mantener la paz pública y el Estado de derecho”.




miércoles, 4 de julio de 2012

¡¡RECUENTO TOTAL DE VOTOS!!


COLUMNA
CHICOTAZOS



OTRA VEZ, LAS “NOVATADAS” DEL IFE


FREDDY SECUNDINO S.

Tras el cochinero en que ha resultado la elección federal del domingo 1 de julio pasado, tal parece que en México la clase política (o al menos una parte) y algunas autoridades nos quieren acostumbrar a una especie de “haigasidomanía” (aceptar algo a como dé lugar, sin importar de dónde y cómo viene).
         Una y mil veces se dijo (o se intuyó, para no verme exagerado, desde la perspectiva de quienes sin mayor disimulo se acomodan en la “haigasidomanía”) que no había equidad en las campañas electorales y, peor aún, muchos pusimos la alerta sobre el derroche desmedido de dinero que, ante cualquier ojo neutral, denotaba un rebase mayúsculo de los topes legales de gastos.
         Guste o no, el movimiento estudiantil #YoSoy132 puso el dedo en la llaga con su principal demanda (democratización de los medios de información), pero los aludidos (como empresas y “analistas” en particular) no sólo minimizaron la razón de tal exigencia, sino que los sobajaron de modo humillante y hasta racista, y lo menos que dijeron de ellos (en realidad, lo siguen diciendo) fue que no tenían inteligencia propia y eran manipulados por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
         Estos críticos cuasi complotados exhibieron (exhiben) de manera tan descarada su intolerancia, que nunca han aceptado –y seguramente nunca lo harán– que ellos también caen en el mismo oscuro cajón en que han pretendido meter a fuerzas a los estudiantes, pues a ojos vistas queda claro que se acomodan al cobijo de una corriente político-empresarial a la que lo único que le importa es cuidar sus intereses particulares y de grupo, y para ello necesita de paleros o esclavos de la manipulación informativa.
         Sostengo que no hubo equidad en los medios porque los propios monitoreos de la UNAM para el IFE así lo demostraron, por más que los aludidos digan una y otra vez lo contrario.
         Equidad, según el diccionario, es imparcialidad, igualdad de ánimo. Y lo que la mayoría vimos y escuchamos en los noticiarios televisivos y radiofónicos, así como en casi todos los periódicos y revistas, fue una cargada descomunal de vítores, aplausos y loas al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y denuestos, adjetivos descalificadores y críticas de toda índole al del PRD, López Obrador.
         Una cosa es dedicarles a todos los candidatos el mismo tiempo en las notas informativas y reportajes o crónicas (lo cual está muy claro como obligatorio en la ley electoral), y otra es aprovechar los micrófonos y las cámaras, y las líneas ágata para opinar en contra o a favor de uno u otro, y eso fue lo que se hizo por encima de la norma jurídica.
         Nadie en su sano juicio y sensatez puede decir lo contrario sin que su conciencia se lo reclame.
         Pero esto no fue sólo durante las campañas electorales. Sucedió el mismo día de las elecciones, e inclusive –y aprovechando que ya la ley no los limitaba–, a partir del cierre de casillas. De ahí el ansia del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, y de Felipe Calderón, para anunciar el virtual triunfo de Peña Nieto, a pesar de que apenas comenzaba el conteo de los votos y en miles de casillas aún no se terminaba de votar. Ya no digamos lo hecho por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el títere de Gabriel Quadri, aceptando su derrota y casi exigiendo que AMLO hiciera lo propio.
         ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el canto de la victoria ajena? ¿Por qué casi proclamarlo como Presidente electo? ¿Acaso todo estaba ya pactado? Muchos así lo creen y quizá tengan razón. Lo cierto es que, tal como se dieron las cosas el mismo domingo 1 de julio por la noche, todo parece indicar que se orquestó con mucha anticipación una especie de golpe de Estado electoral, con el IFE y muchos medios de información como aval.
         No era, pues, en vano el intento masivo de inyectar en la ciudadanía –que esperaba, y confiaba, en que no reviviera el fantasma de la incertidumbre del 2006– el desánimo y el conformismo.
         O sea, hacer todo lo posible para no dar tiempo a la protesta por irregularidades descaradas (ya no digamos la inequidad informativa, sino la coacción y compra del voto por parte de priistas, entre otras), sino para inculcarle al electorado la cínica estrategia de que ésta ha sido la elección más transparente y pareja de la historia, como se dijo desde días antes.
         Esa apabullante e impostora ola política y mediática de autovaloración, autoelogio y autoengaño, intentó arrastrar a todos los ciudadanos al conformismo de lo aún desconocido, con la pretensión de matar nuestra capacidad de asombro y, sobre todo, de reclamo por eventuales inconsistencias en el conteo de los votos.
         No querían otro escenario como el del 2006 y por eso cantaron a los cuatro vientos la “enorme” ventaja (de antemano anticipada por Valdés Zurita, apoyado en un supuesto análisis algorítmico, o no sé cómo diablos dicen que se llama, de acuerdo con un sondeo rápido cuyo único valor era el mismo que se le adjudicaría a la encuestadora Consulta Mitofsky, la más cuestionada por el solo hecho de ser socia de Televisa y la única autorizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y aceptada por el IFE, para hacer las encuestas de salida) que Peña Nieto tenía sobre AMLO.
         Es decir, se adelantó el supuesto cómputo final cuando ni siquiera se había contado el diez por ciento de los votos y se dio por hecho lo que era un cálculo matemático. ¿En qué otro país se ve esto?
         La incertidumbre, pues, la alimentaron e hicieron crecer en desmedida ellos mismos.
         Pero el teatro se les cayó muy rápido y a la primera ráfaga de viento.
         Poco a poco empezaron a darse a conocer en las redes sociales las actas electorales mal contadas y mal capturadas y que en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se estaban dando por válidas, mismas que, en su conjunto, avaló el consejero presidente Valdés Zurita (y apoyó Felipe Calderón) al dar por hecho un porcentaje de votos para cada contendiente presidencial no sólo falso, sino ilegal.
         Horas después, al tiempo que continuaban circulando las fotografías de dichas actas originales (acompañadas de la página del PREP) y que evidenciaban las vergonzosas irregularidades, también salieron a la luz pública no sólo las cientos de tarjetas de débito de las tiendas Soriana que repartió el PRI entre su “mapachería” electoral (con crédito de entre 300 y 700 pesos cada una), sino las protestas –captadas en video y subidas a Youtube– de decenas de personas que le exigían a ese partido el pago correspondiente por la compra del voto.
         A esto, guste o no, se le llama FRAUDE. Y esto lo define el diccionario como “un injusto que una persona, aprovechándose del error o mediante engaños, obtenga de otra un beneficio, se haga de una cosa o un lucro”.
         ¿Otra definición?... Fraude “es el engaño o aprovechamiento de la ignorancia de alguien para obtener un beneficio en cualquier forma traducible”.
         En lo personal –y millones de ciudadanos que demandan apego irrestricto a la ley estarán de acuerdo conmigo–, considero que hay suficientes elementos jurídicos no sólo para hacer el recuento total de la elección, sino para anularla. No se necesita ser un especialista en derecho electoral para atreverse a decirlo. Basta una mínima capacidad de interpretación de la ley.
         Más aún, consejeros electorales aceptaron el 2 de julio –o sea, horas después de que Valdés Zurita dio por concluido todo y por ganador a Peña Nieto, sin dejar ningún resquicio para una eventual impugnación legal que pudiera llevar, al menos, al recuento de votos– que podría haber la apertura de una “gran cantidad” de paquetes electorales.
         Al verse acorralados no por las inconsistencias que quizás ellos mismos vieron en el PREP, sino por la infinidad de evidencias que circulaban en las redes sociales, así como la advertencia (legítima, legal y necesaria) de AMLO de impugnar la elección, reconocieron que habría que hacer el recuento de una tercera parte de los paquetes electorales (alrededor de 50 mil) de la elección para Presidente de la República, y otra cantidad similar para el Congreso de la Unión.
         Por su parte, AMLO y los partidos que lo impulsaron afirman que las irregularidades abarcan casi el 80 por ciento de las actas electorales. Esto es, más de 113 mil casillas.
         ¿Por qué no darnos el beneficio de la duda al perredista y a millones de mexicanos que no le creímos el domingo por la noche? ¿Por qué están tan seguros de que no hay razón jurídica y legal para el recuento total de los votos? ¿No obtendrían mayor credibilidad al hacerlo, luego del desprestigio para la institución, ganado a pulso en el 2006? ¿A qué le temen? ¿Por qué otra vez la prisa, si el tiempo legal que se tiene para declarar Presidente electo concluye en septiembre próximo?
         Se nos dijo hasta el hartazgo –aunque pocos lo creímos, por desgracia– que el proceso comicial culminaría con una organización ejemplar, rechinando de limpia y pacífica, y un conteo de votos inobjetable. Pero ahora a todos nos queda claro que la contienda está plagada de infinidad de conductas reprobables cívica y legalmente.
         Los principales responsables de estos malos actos son, sin duda alguna y sin reclamo con valor ni siquiera político, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque se hicieron de la vista gorda ante las denuncias durante las campañas, siendo partícipes de los delitos, al menos, por omisión. Se justificaron (y lo seguirán haciendo) en una endeble interpretación de la ley electoral.
         A riesgo de que a quienes pedimos una estricta aplicación de la norma en el caso se nos califique de mil maneras, estas acciones a vuela pluma e irresponsables –al menos desde el punto de vista ético– ya lograron lo que sus protagonistas menos querían: la sospecha generalizada y un daño incurable al proceso electoral.
         A AMLO, a sus votantes y a todo elector que, como quien esto escribe, se atreva a cuestionar esas conductas personales e institucionales, muchos seguramente nos llaman mitómanos, intolerantes, necios, locos, berrinchudos, revoltosos y de mil maneras, sólo por exigir que se respeten nuestros derechos conforme a la ley. Lo único que queremos es que se cumpla en los hechos lo que en palabras tanto se nos dice sobre la supuesta democracia que –aseguran apropiándose la tarea– pone a nuestro país como ejemplo mundial.
         Si así fuera, los partidos políticos no serían quienes seleccionan a los funcionarios electorales, ni tendrían a representantes en las instituciones de defensa del voto y organización de los comicios.
         Tampoco se darían tantos delitos tipificados en la ley electoral y, más aún, si se cometieran serían castigados con rigor.
         Igualmente, la participación de funcionarios públicos y empresas privadas (como los medios de información) no tendrían que actuar como lo hacen en México, sin estar autorizados por la ley.
         Asimismo, todo presunto rebase de gastos legales en las campañas sería investigado a fondo y hasta sus últimas consecuencias, sin miramientos de índole partidista ni de ningún tipo, y sin siquiera haber una denuncia de por medio. Tendría que perseguirse de oficio, o al menos cuando existiere una denuncia de cualquier ciudadano.
         Apoyado en esta utópica esperanza, transcribo aquí, palabras más, palabras menos, lo que escribí en mi cuenta de Facebook, inmediatamente después de pasadas las elecciones. Y lo retomo porque fue una especie de inesperada premonición a lo que el IFE reconocería después:
         “Desde las 00.01 hasta las 05:30 horas del 2 de julio, le di seguimiento puntual al PREP, corte tras corte, anoté en papel todo tal cual aparecía en la página del IFE. Al abandonar esa titánica tarea personal (estrictamente personal), iba el 75.28% de actas computadas. Ya no le seguí porque estaba muy cansado. Pero me tomé unos minutos más para hacerle al matemático y, ¡¡oh, sorpresa!!, por más que sumé y sumé y comparé porcentajes y número de votos para cada candidato presidencial, las cosas nomás no me cuadraron.
         “Todo el monitoreo lo subí a mi muro de Facebook con los datos tal cual del PREP, esperando (y pidiendo en enlaces aparte) que alguien se tomara la molestia de hacer lo propio.
         “Horas después, me dediqué a subir en mi muro de Facebook todas las actas electorales con irregularidades que me llegaban. Sólo quería dejar constancia, al menos, no sólo de que no le creí al conteo del IFE, sino de mi indignación por la forma tan descarada y burda con que se ha burlado el voto de millones de mexicanos.
         “Qué lástima que se tenga que “legitimar” y legalizar una elección tan sucia como ésta… Qué lástima que quienes hoy festejan el triunfo de su candidato no tengan la mínima conciencia cívica para aceptar que lo harán ganar de mala forma… Qué lástima que no sólo se hagan los sordos e intenten no ver la indignación ajena, sino que se burlen de quienes pedimos que la elección se limpie… Qué lástima que se dejen arrastrar por nada a cambio (algunos, claro)… Qué lástima que se dejen humillar de manera tan intolerante… Qué lástima que a pesar de ver tanta suciedad, no les importe atravesar el río y mancharse tanto… Qué lástima que ante tanta pestilencia, en vez de taparse la nariz, abran la boca para respirar más hondo semejante asquerosidad… Qué lástima que no hagan uso de un poco de la (tal vez) poca dignidad que suponen tener y pidan que se limpie la elección para que su triunfo se reconozca como debe de ser… Y qué lástima, como diría el gran poeta español León Felipe, `que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria´
         “Espero que esto lo lean quienes votaron por el candidato cuyo triunfo hará historia por tan sucio y que forman parte de mi lista de “face-amigos”. A ellos, gracias por leerme y por (quizás) entender que son millones de mexicanas y mexicanos quienes piensan igual que yo y piden lo mismo que yo, muchos más, muchísimos más (de entrada, más del 60% del electorado) que quienes votaron por ese candidato.
         “Sé que tal vez les da lo mismo lo que yo piense y quienes piensan igual que yo, pero que les quede claro que, al menos yo, no me callaré y, más aún, lo escribiré aunque sea sólo aquí, si en otro lado no me lo permiten tal cual.
         “Me avergüenza que en una manifestación pública, mis oídos tengan que soportar el generalizado “¡prensa vendida!” para todos los periodistas, aunque mi conciencia me diga que yo no soy parte de ese grupo y aquí lo estoy afirmando y firmando (perdón por no tener un Notario Público para que dé fe de esto, pero creo que no me hace falta)”.