lunes, 16 de julio de 2012

¡¡AL DIABLO CON LA IMPUGNACIÓN!!


COLUMNA
CHICOTAZOS



LA DEMOCRACIA DISCAPACITADA


FREDDY SECUNDINO S.

En México, la clase política gobernante, y la que quiere gobernar, se niega a entender que una gran parte de los gobernados no piensa como lo hacía la mayoría unos sexenios atrás. Se nos pretende manipular como viles esclavos sociales, arrasando parejo, como si todos tuviéramos el nivel educativo de hace, al menos, dos décadas y, por ende, careciéramos de capacidad de análisis y de crítica a lo que no agrada no por capricho, sino porque está mal hecho o se deja de hacer.
         Resulta, más que preocupante, indignante cómo han respondido priistas y panistas ante el evidente y asqueroso cochinero (reconocido por los segundos) que resultaron ser las elecciones federales del 1 de julio pasado.
         Unos (los tricolores), apoyados por los medios periodísticos afines y sus matraqueros opinadores, se aferran a su cínica e intolerante imposición de que todos debemos aceptar los resultados que hasta ahora ha avalado una autoridad electoral sumisa, convenenciera y burocrática.
         Alegan apego particular a las leyes sólo porque se sienten ganadores. Y reclaman violación conjunta de las mismas, de parte de la izquierda nacional (no sólo de los partidos contendientes en las elecciones, sino de los votantes de los candidatos de éstos), por el solo hecho de que se exige a las instituciones encargadas de calificar los comicios que se investiguen eventuales irregularidades antes y durante la jornada electoral.
         Es decir, pretenden obligarnos a todos los mexicanos (por la forma como lo dicen, no sólo se refieren a quienes protestan, sino a cualquiera que se quiera poner al lado de éstos) a aceptar la violación de las leyes y reconocer su triunfo a fuerzas, a pesar de todas las cochinadas que hubieren cometido. O sea, la “haigasidomanía” (aceptar todo a como dé lugar).
         Claro, saben muy bien que mientras más pronto se reconozca la validez de las elecciones, más fácil tomarán el trofeo que les corone el triunfo y se harán de los elementos suficientes para imponer sus derechos, por sobre los de los adversarios.
         Para ellos, quienes busquen que el árbitro del partido se vea obligado a revisar la contienda y, apegado a la norma jurídica y conforme a derecho, limpie de toda impureza el juego, están, por ese solo hecho (y derecho legal), no sólo violentando lo que llaman “paz social”, sino violando las leyes.
         No admiten, aunque reconozcan sus cochinadas ilegales, ni siquiera que los ofendidos recurran a la norma (a la que ellos suponen apegarse) para defenderse por los cauces pacíficos y, sobre todo, legales.
         Y los otros (panistas), a pesar de que se llenan la boca de supuesta inconformidad por las eventuales violaciones legales antes y durante el proceso electoral, no mueven un dedo para acudir ante las instancias correspondientes a interponer una queja al respecto, lo cual, al menos, es una obligación moral y cívica (aceptando que no les importa que se aplique la ley como debe ser).
         ¿Qué caso tiene que en declaraciones periodísticas digan una y otra vez que el PRI cometió “graves irregularidades” o “violaciones a la ley” (o como quieran llamarle) y no presenten por separado (nada los obliga a coligarse con el Movimiento Progresista en tales obligaciones) la queja legal correspondiente ante la autoridad electoral?
         Se necesita ser un “cara dura”, como diríase en cierto argot, para querer burlarse de quienes tenemos un mínimo de información al respecto. ¿Cuál es, para ellos, su papel ante la sociedad? ¿Qué clase de electores suponen tener para ignorarlos o menospreciarlos también de ese modo, enseñándoles que para tener la conciencia tranquila basta con señalar los errores ajenos, sin importar que éstos sean graves para la cultura cívica nacional, y que da lo mismo si se denuncian o no?
         Está bien que el grueso de los mexicanos carezca de un nivel educativo aceptable (y, por ende, de cultura política) para comprender y, sobre todo, participar de manera activa en estos terrenos, pero es inadmisible que se burlen de ellos embarrándoselo en el rostro de ese modo cuantas veces se les dé la gana.
         Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista no sólo tienen el derecho legal para impugnar los resultados de las elecciones y, en consecuencia, exigir la invalidez de las mismas, sino que es su obligación moral, cívica y política decirlo y repetirlo incansablemente ante la nación, además de presentar la queja por escrito ante la autoridad electoral.
         Y ésta (llámese Instituto Federal Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), tiene el deber de recibirla, analizarla y juzgarla con absoluta imparcialidad y apegada a la ley, sin ningún resquicio para la negociación política que desemboque en un fallo parcial o partidista.
         Tal vez los quejosos tengan razón en todo o en una mínima parte, respecto a los artículos eventualmente violados por el PRI (tanto de la Constitución como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), pero lo menos que tienen que hacer los jueces responsables del fallo es analizarlos a profundidad, desahogando todas las pruebas en contra y a favor de las partes involucradas.
         ¿Lo harán con absoluta seriedad, imparcialidad y honestidad?
         A mi entender, no. O no todos los magistrados.
         Por supuesto que no es una tarea nada fácil. Pero dado los innumerables ejemplos que en el pasado (y en este mismo proceso electoral) hemos tenido sobre su actitud como institución en situaciones similares, al menos queda la irrefutable sospecha de que no harán su trabajo de manera tal que toda la sociedad quede convencida de su labor.
         Quienes votaron por el PRI y su candidato y quienes se manejan cotidianamente con un espíritu conformista, al menos, en estos aspectos de la vida nacional, podrán dar de brincos y calificarme de irresponsable o epítetos por el estilo. No me importa. Sólo pido que tengan un mínimo de conciencia cívica, sensatez y educación política, para entender que no se puede jugar con la voluntad y el derecho de millones de mexicanos que soñamos con tener un país mejor en todos aspectos, independientemente de quien nos gobierne.
         El espíritu de paz individual y vida comunitaria tranquila y aceptable depende de un gobierno apegado a la razón social y que vele por los derechos de todos de manera estricta e imparcial.
         ¿O de qué otro modo se pretende aspirar a ser reconocidos como un país democrático y equitativo? ¿Acaso basta con que el grupo gobernante ejerza a su modo esta forma de gobierno y obligue a los gobernados a entenderla a como dé lugar, y si no están de acuerdo que se jodan?
         Tal parece que más bien México cada vez se adentra más en esto último camino.
         Para muchos más de los casi 16 millones de electores que, según el conteo del IFE, prefirieron en las urnas a AMLO y a los partidos que lo impulsaron, fue más que evidente la descarada manipulación de las elecciones a favor de Enrique Peña Nieto y del PRI.
         La coacción y compra de votos no se debe poner a discusión porque se hizo de manera burda y hay cientos (o miles) de ejemplos que lo demuestran, tanto que hasta los propios simpatizantes priistas involucrados lo dicen con cínica carcajada cada vez que lo presumen. Sólo falta que el TEPJF evalúe a cabalidad la impugnación del Movimiento Progresista y emita su fallo como debe ser.
         La inequidad también fue evidente. Basta ver los monitoreos de medios que hizo la UNAM para el IFE (en cuestión de notas informativas, crónicas, reportajes y entrevistas), en los que, en promedio, el tiempo en radio y televisión para Peña Nieto siempre estuvo por arriba (tres puntos, en promedio) de AMLO, y acaso en algunos estuvo al parejo o por debajo de la panista Josefina Vázquez Mota. Ya no se diga la poca atención al títere de Gabriel Quadri, a quien, para efectos legales, debió de tratarse igual que a sus tres adversarios.
         ¿O qué, es que en la ley electoral y en la Constitución se marca alguna diferencia en el trato para el candidato o partido que tenga menos poder? Por supuesto que no. Entonces, ¿a qué le llaman equidad, si nunca estuvieron todos al parejo?
         Equidad, según el diccionario, significa justicia, imparcialidad, igualdad. ¿O es que para efectos legales en cuestión de elecciones en México, es otra cosa, aunque no esté especificado en ninguna ley?
         Si ha de interpretarse la ley, los magistrados del TEPJF tendrían que decirlo con todas sus letras: hubo inequidad en la elección, se favoreció de manera inobjetable a Peña Nieto y esto influyó en los resultados finales.
         Y, claro, esto sin tomar en cuenta el papel de las empresas encuestadoras, quienes se aprovecharon de que no están reguladas y, vaya usted a saber bajo qué oscuros convenios, tomaron a Peña como su gallo en la contienda, poniéndolo siempre muy por encima del segundo lugar (fuere AMLO o Josefina), con el claro mensaje de que era invencible.
         Aunque esto no es más que (válgase así, si se quiere) una “vaga” interpretación individual, sí se tiene que tomar en cuenta por parte de los magistrados porque a la par de esta aparente intención siempre estuvo la interminable ola de opinión favorable para el candidato priista, por parte de los matraqueros opinadores en medios impresos y electrónicos. ¿Acaso esto no lo considerarán los magistrados al juzgar la inequidad que se denuncia?
         Por otra parte, el posible rebase inescrupuloso en los gastos de campaña (en un equivalente a cinco veces más de lo legal), cuyas pruebas contundentes, al parecer, presentó el Movimiento Progresista, son tanto o más graves que cualquiera de las faltas anteriores. ¿A quién, con un mínimo de lógica matemática, le cabe en la cabeza aceptar que el PRI gastó sólo los poco más de 300 millones de pesos autorizados por la ley?
         Con todo esto, y lo que resulte, el TEPJF tiene los suficientes elementos para declarar inválida la elección presidencial (la que se impugna, aparte de inequitativa, como imparcial, sin certeza y sin independencia).
         Si los magistrados hacen su trabajo como debe ser y en su fallo argumentan de manera contundente y convincente, al menos para la mayoría de los mexicanos, estarán no sólo respetándose a sí mismos, sino actuando como verdaderos defensores de los intereses del país, llámesele a esto democracia o como se quiera. Está tan devaluada esa palabra que los pocos que entendemos su significado ya dudamos de su eficacia.
         Y si mayoritariamente optan por validar la elección y, por ende, le otorgan a Peña Nieto la constancia de Presidente Electo (quiero suponer que así será y quizás uno o dos magistrados votarían en contrario alegando ciertas irregularidades que, eventualmente, derivarían en multas millonarias para el PRI y el Partido Verde), no sólo estarían dando por hecho que en este país se puede violar la ley, “aunque sea poquito”, y no pasa nada, sino que acabarían con la poca credibilidad para esa institución (el TEPJF) y, peor aún, estarían abonando a la inestabilidad social y la represión policiaca por parte del próximo gobierno, pues éste se sentiría avalado para actuar a su modo ante cualquier protesta multitudinaria que considere inapropiada “para la paz del país y el Estado de derecho”.
         Un fallo validando la elección e imponiéndole a Peña esa especie de pre-Banda Presidencial, sería también la imposición legal de una democracia basada en la marrullería, esta vez traducida en compra y coacción del voto, la manipulación masiva por medio de la prensa y con ayuda de dinero de procedencia, si no ilícita, dudosa (dado que el PRI habría recibido recursos triangulados por empresas inexistentes, según datos de la impugnación del Movimiento Progresista y ventilados días antes en algunos periódicos nacionales y extranjeros).
         Nada podrán aducir en su descargo los magistrados electorales para calificar a medias la elección presidencial, sólo porque tienen hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo. El tiempo podría ser poco y la tarea ardua, pero tienen los recursos económicos, humanos, políticos y legales suficientes para que trabajen como debe de ser.
         El problema es que, independientemente de que desahoguen todas las pruebas conducentes, la mayoría piense y actúe como lo hace el presidente del Tribunal, Alejandro Luna Ramos, quien ha insistido en que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas” (hay una entrevista que Guadalupe Juárez, la moderadora del primer debate entre los candidatos, le hizo y que se transmite alrededor de las 5:45 AM todos los días por el canal 28 de televisión, en la que responde a pregunta expresa y, con toda tranquilidad, reitera su dicho de días anteriores a ésta).
         ¿Por qué juzgó antes de conocer la denuncia que ya se veía venir? ¿Qué clase de juez se cree? ¿Qué significa para él aplicar la ley conforme a derecho?... No le preguntemos qué entiende por democracia… Pero si así lo dijo y luego se hizo entrevistar “a modo” para pagar en televisión, con dinero público, su reiteración de su casi segura postura ante la impugnación que ya esperaba, es porque seguramente en ese sentido será su fallo.
         Ojalá me equivoque, independientemente de cómo actúen los demás magistrados. Pero dudo mucho que el veredicto final vaya más allá de una eventual multa económica (y, claro, la absurda e hipócrita “regañada” pública, remember casos Amigos de Fox y Pemexgate) a los partidos que postularon a Peña Nieto.
         Y, por supuesto, se llenarán la boca afirmando que actuaron con estricto apego a la ley, conforme a derecho y siempre velaron por la democracia y la gobernabilidad. Bla bla bla…
         Con ello, estarán imponiéndole a las elecciones una aparente legalidad, a sabiendas de que lo de la tan traída legitimidad, será lo de menos porque, simple y llanamente, eso dependerá de Peña Nieto y su gobierno, con sus acciones.
         De ser así, como todo parece indicar, tendremos una clase política gobernante (en la que se acuñan supuestos funcionarios “ciudadanos”) que nos quiere acostumbrar a vivir entre la mierda, que nos quiere incrustar (¡¡oooootra vez!!) a la cultura de la trampa, de la violación de las leyes “aunque sea poquito”, del cochupo, de la compra de conciencias valiéndose de la incultura y la pobreza económica. En fin, del “ái se va”.
         Serán la misma clase de políticos que antaño, con la mano en la cintura y con carcajada sonora, se burlaron como quisieron de la voluntad popular que ellos mismos supuestamente defendían a cabalidad conforme a derecho y lo dejaban por escrito.
         Nuevos nombres, con actitudes añejas redivivas, quienes, al igual que sus maestros, consideran que la justicia se aplica según las conveniencias del grupo en el poder, y cualquiera que no esté de acuerdo con eso, no es visto como un adversario político, sino como un enemigo a desaparecer, aplicándole a su modo las leyes que ellos redactaron e interpretan a su capricho.
         Ése es el más grande peligro que México tiene en el horizonte. A eso tendrían que atenerse quienes no estén de acuerdo con esa toma de decisiones legaloides, llámense perredistas, #YoSoy132 o cualquier otro actor social y/o político que pretenda protestar airadamente (aunque apegados a la ley) contra alguna injusticia.
         Ojalá me equivoque, pero lo dudo.






1 comentario:

  1. ¡¡¡¡¡EXCELENTE CRÍTICA!!!!! ¡¡Me encantó!! ¡Muchísimas gracias por compartir!

    Estoy de acuerdo contigo. Las cosas nunca van a cambiar si la gente no deja de ser conformista. :( Todos deberíamos de estar seriamente indignadísimos que la compra de votos haya sucedido. En vez de criticar a AMLO se debería de criticar al PRI.

    Yo también escribí un blog sobre la elección. Más que nada es una respuesta a uno de mis amigos mexicanos (malinchista) que vive en Los Angeles, el cual por Facebook le llamó a la mayoría de mexicanos “pendejos” por haber votado por el PRI. Es en inglés, pero de todas formas aquí te va:
    http://roiblg.blogspot.com/2012/07/mexican-pendejos-why-condescending-and.html

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