COLUMNA
CHICOTAZOS
UN PRESIDENTE “CHATARRA”
FREDDY SECUNDINO S.
Esta no es una
buena noticia, ni mucho menos un comentario esperanzador para quienes luchan de
un modo u otro porque en este narco-país haya una verdadera democracia y que
ésta, aunque parezca un sueño guajiro o algo peor, se dé en las urnas y querían
verla brotar en las elecciones federales del 1 de julio pasado.
Nadie en su sano juicio puede negar (a
riesgo de caer en el peor cinismo y ser intolerantemente hipócrita) que la
polarización social es real y más evidente que en el 2006. Basta ver los
comentarios vertidos permanentemente y, al parecer, cada día en mayor número y
más duros, en las redes sociales.
Unos, exigiendo no sólo la limpieza de
los comicios, sino su anulación y/o la no “imposición” de Enrique Peña Nieto
como Presidente de la República. Y otros, reprobando a quienes piensan así y no
aceptan ninguna razón para que se impida que su candidato se siente en la silla
del águila.
La “comentomanía” está al por mayor,
gracias a Facebook y Twitter, y quizá por eso se nota más que en el 2006,
cuando la utilización de estos recursos tecnológicos apenas se abría camino en
México.
A mi entender, no es por eso que ambas
posturas respecto al proceso electoral estén plagadas de injurias, inclusive
personales, que a veces llevan a pensar a que podría estarse gestando una
inconformidad de dos frentes, que eventualmente llevaría la violencia a las
calles. Esto, por si a alguien –irresponsablemente– se le ocurre de manera estúpida
encender la mecha que propague el fuego. Y creo que en un lado y en otro sobran
quienes estarían esperando la primera oportunidad para hacerlo.
El peligro radica, en realidad, en que
una de las partes (la que exige la anulación de la elección presidencial)
reclama fraude (unos) u otras ilegalidades (el resto) que, desde su
perspectiva, son pruebas contundentes para no aceptar los resultados avalados,
hasta ahora, por el Instituto Federal Electoral.
La otra parte (la que no acepta nada de
aquéllos, así tengan razón jurídica), aunque hasta ahora sólo se ha manifestado
en las redes sociales y en los medios electrónicos e impresos afines al PRI,
alega que si la autoridad electoral ya avaló los comicios, no se debe persistir
en el reclamo, ni siquiera, de que se limpie en su totalidad el proceso.
Aquéllos, presumiblemente todos
votantes de Andrés Manuel López Obrador, han generalizado ya el grito del
movimiento estudiantil #YoSoy132 y en cada manifestación callejera se escucha
con mayor vehemencia y coraje “¡Si hay imposición, habrá revolución!”.
Si bien (se supone) el significado de
esa consigna es que no se habla de una amenaza violenta (léase armada), sino
pacífica y materializada en manifestaciones masivas en las calles y ante las
instituciones públicas responsables de la calificación de las elecciones (IFE, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales), hay millones en ese sector dispuestos a
impedir a como dé lugar la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.
Mientras tanto, aunque calladitos, en
la otra “trinchera” hay quienes expresan en las redes sociales y de boca a
boca, su disponibilidad de defender el triunfo de su candidato también a como
dé lugar.
Y ya se dio un burdo pero peligroso y
preocupante ejemplo en Jalapa, Veracruz, hace unos días, cuando un sujeto
identificado como Juan Pablo Franzoni Martínez (dícese él mismo perteneciente a
las juventudes priistas de esa ciudad), amenazó con una pistola (con cartucho
cortado) a los manifestantes del #YoSoy132 contra la imposición de Peña Nieto.
Por fortuna, el hombre fue aprehendido
por la policía y remitido ante el Ministerio Público, por el delito de
portación ilegal de arma de fuego (al parecer, una pistola calibre .22).
Como el hecho fue denunciado con fotos
en las redes sociales y las imágenes recorrieron el país y el mundo de ese modo
y en notas periodísticas, de inmediato los priistas (como suele suceder en
casos que no les convienen, como los de los ex gobernadores de Tamaulipas
ligados por las autoridades judiciales de Estados Unidos con el narcotráfico,
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) y los restauranteros estatales asociados
(se dijo que Franzoni es socio de algunos comercios de este tipo) se
deslindaron del violento sujeto.
¿Quién puede asegurar que en todo el
país es el único “loco” de su tipo? ¿Quién es el guapo dirigente priista que se
atreva a meter la mano al fuego porque algún militante o simpatizante tricolor no
rebase lo hecho por Franzoni? ¿Quién, si el diputado local priista en la Asamblea
Legislativa del DF, Cristian Vázquez, mejor conocido como “el dipuhooligan”,
por violento y mal hablado, ya amenazó verbalmente con “madrear” a los chavos
del #YoSoy132? ¿Quién, si en las redes sociales circula una caricatura que simula el cadáver de un #YoSoy132, acompañada de un texto que advierte que el responsable de algo así (o sea, los muertos de ese grupo) será AMLO?
Y si volteamos al lado contrario,
¿quién podrá impedir que haya quienes piensen hacer lo propio, si finalmente
Peña Nieto es declarado Presidente electo?
Por el rumbo que van tomando las
decisiones al respecto, el TEPJF desechará las pruebas presentadas por el
Movimiento Progresista para que se anule la elección presidencial.
Es más, creo que ni siquiera ordenará
el recuento total de votos, como salida emergente para tratar de tranquilizar a
AMLO y seguidores. Porque tanto para el IFE como para el TEPJF, como
instituciones y en lo personal algunos de sus integrantes, el descontento por
el cochinero de las elecciones no es ni será de la mayor parte de la sociedad,
sino de “unos cuantos”. O sea, ni siquiera, según ellos, de los casi 16
millones que votaron por AMLO, según el conteo del IFE.
No es descabellada esta especulación,
si ya vimos que desde media hora después de cerradas las casillas el 1 de
julio, la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y el títere de Gabriel
Quadri, no sólo aceptaron la derrota (¡cuando ni siquiera habían cerrado
algunas casillas del noroeste del país!), sino que pidieron que AMLO hiciera lo
propio. Y a las 23:15 horas, el consejero electoral presidente, Leonardo Valdés
Zurita, y enseguida Felipe Calderón, dieron por ganador a Peña Nieto (¡cuando
apenas iba el 10 por ciento del conteo rápido del IFE!).
Después, panistas, priistas y la “comentomanía”
afín al PRI en medios electrónicos e impresos ha insistido constantemente en
que AMLO, al protestar y pedir el recuento de votos y la anulación de la
elección, no está respetando el absurdo “acuerdo de civilidad” firmado por los
cuatro candidatos tres días antes del 1 de julio. Como si ese fútil documento
valiera más que la ley electoral o que la Constitución, mismas que le otorgan
al tabasqueño el derecho de hacer lo que hace.
Los abogados del Movimiento Progresista
podrán alegar, con validez jurídica y pruebas suficientes, que existen los
elementos necesarios para que los magistrados del TEPJF anulen la elección,
pero eso, por desgracia, se quedará en su inteligencia, no entrará nunca en la
de los integrantes de esa institución.
Por ende, Peña Nieto será impuesto como
Presidente electo. Estarán haciendo realidad lo que en mi columna anterior
denominé como “haigasidomanía” (aceptar algo a como dé lugar, sin importar de
dónde y cómo viene). Pero eso es lo que menos les importará, a la hora de las
descalificaciones y la furia de quienes en la calle exigen que no se haga
víctima al país de una decisión de esa naturaleza.
UN PRESIDENTE “CHATARRA”
Más allá de la
polémica de si se debe o no calificar de fraude esta elección, no obstante el
significado claro del término, pero que ante los priistas (militantes,
simpatizantes o adláteres de cualquier tipo) queda a la interpretación personal
de los funcionarios electorales que finalmente decidirán, es un hecho
vergonzoso y apabullante que Peña Nieto “compró” ilegalmente la Presidencia de
la República.
¿Cómo no considerar evidencia de esto
las miles y miles de tarjetas pre-pago telefónicas y de crédito de las tiendas
Soriana, a cambio del voto por él? ¿Y el derroche de dinero que en todo el país
se hizo en infinidad de objetos y publicidad de todo tipo? ¿Y las notas
informativas o comentarios a favor en noticiarios y programas televisivos y
radiofónicos, así como en medios impresos de todo México?
Para empezar, la ley especifica que si
existe (y se comprueba, por supuesto) irregularidad en al menos 25 por ciento
de las casillas instaladas en todo el país, la autoridad competente puede
anular una elección. Y uno se pregunta si el hecho de recontar más del 50 por
ciento de los votos no es suficiente para considerar lo concerniente. ¿Y qué,
en las casillas donde no se recontaron no hubo irregularidades? ¿Por qué el IFE
dio por hecho esto, al no tomarlas en cuenta para el recuento?
Además, hay elementos para concluir que
los comicios no fueron, ni por mucho, limpios ni equitativos. Pero la
avasalladora compra y coacción del voto por parte del PRI y el golpeteo permanente
de sus medios afines contra AMLO (en defensa, el IFE y ellos se cuelgan de los
tiempos oficiales de spots para cada uno y las notas informativas, pero ignoran
los comentarios a favor para un candidato y negativos para otro) no los toman
en cuenta.
Peor aún, lo quizá más delicado es el
rebase en el tope legal de gastos en las campañas. Las dos pruebas (al parecer,
contundentes) que el Movimiento Progresista presenta son los casos del llamado Monexgate (56 millones de pesos que el
PRI no le habría pagado al Grupo Financiero Monex por posicionar la imagen de
Peña Nieto, y por el cual hay una denuncia penal en una Corte de California, Estados
Unidos) y el de las tarjetas de crédito Soriana que “mapaches” electorales
priistas se encargaron de repartir entre simpatizantes o no de ese partido, con
fondos diversos por tarjeta, con tal de que votaran por su candidato.
Primero se negó el hecho contundente.
El propio Peña Nieto dijo en una entrevista a la BBC de Londres que ésa era una
estrategia de AMLO y los partidos que lo impulsaron a la Presidencia. Y Soriana
hizo lo propio.
Pero ante la realidad (cientos de “mapaches”
electorales reclamaron públicamente el no pago de su labor por parte del PRI, y
miles de “tarjetahabientes” inundaron las tiendas Soriana para hacer compras
con las tarjetas), trataron de deslindarse mutuamente e inventaron una y otra
tontería.
El apoderado legal de Soriana fue
llamado a cuentas por la Fepade y la empresa publicó un desplegado en algunos
periódicos, alegando ser una blanca palomita, que sus programas de beneficios “operan
con objetivos exclusivamente comerciales, con total apego a la ley y sin ningún
interés político”.
Pues sí, que se sepa, ningún empleado
de esa cadena fue postulado a algún cargo de elección. Su interés es comercial
porque se dedican al comercio y lo que recogerán como beneficio de este apoyo
al PRI es más ayuda para hacer crecer su negocio.
(He de consignar aquí que, hace unos
días, un amigo escritor que --me consta-- es un recalcitrante simpatizante del
PRI, me confió que a él le dieron “un chingo de tarjetas… y de diversos precios”
(según su dicho textual). Con él iba un sujeto que me mostró una tarjeta de
ésas… Como para que no me quedara duda de lo que a carcajadas sostenían.)
Todo esto, quieran o no, deberán no
sólo tomarlo en cuenta los magistrados electorales, sino interpretarlo conforme
a derecho y estrictamente apegados a la ley, al momento de emitir su juicio
respecto a la petición de nulidad de la elección.
Y si han de ser profesionales e
imparciales y leales al país, y dejar de lado sus simpatías partidistas (que,
por supuesto, las tienen y para muchos no es un asunto a debate), deberán poner
al mismo nivel la inequidad provocada por la “comentomanía” y, a la par, cual
clon, el papel de las empresas encuestadoras, mismas que mintieron abiertamente
y crearon una imagen de inalcanzable e invencible al candidato priista (la
intención era provocar una especie de depresión política en el electorado y
hacerlo pensar que no había vuelta de hoja, pues casi el 50 por ciento “de los
mexicanos”, no de los electores, quería al mexiquense como sucesor de Felipe
Calderón).
De lo contrario, si los magistrados se
atienen a lo que ya adelantó su presidente, Alejandro Luna Ramos, en el sentido
de que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas”, estarán legalizando
el peor criterio personal de la historia electoral mexicana, por el solo hecho
de prejuzgar no sólo antes de estudiar el caso, sino de pretender institucionalizar
una opinión individual.
Estamos, pues, ante una eventual
manipulación de la ley por parte de un grupo de funcionarios electorales que,
de entrada, se hizo el ciego antes de las elecciones y dejó pasar las
irregularidades que desde entonces se denunciaron.
El IFE ya avaló la elección, apoyándose
en el legaloide recuento parcial de votos. Y no obstante el señalamiento de
serias irregularidades en casillas que no fueron consideradas en el recuento,
desestimó la denuncia y no consideró ni una casilla más. ¿Quién asegura que el
Tribunal Electoral sí lo hará?
Esto, a mi entender, pareciera una
especie de acuerdo no escrito entre grupos de poder fácticos, dos partidos
políticos y autoridades electorales, para repartir la Presidencia de la
República entre dos bandos (PRI y PAN), confabulados descaradamente a la hora
de tomar las decisiones más trascendentales (como es la elección presidencial)
y sin importarles ni el descontento de una buena parte de la ciudadanía, ni el
derecho legal de ésta para cuestionar con pruebas fehacientes la comisión de
diversos delitos y su reclamo del castigo correspondiente.
Para ello, les da lo mismo que en el
camino queden los vestigios de su hambre desmedida de poder, materializados en
los millones de mexicanos de escasos recursos económicos y educativos, burlados
en su dignidad, conscientes o no de ello, lo que para fines prácticos da lo
mismo porque con esa actitud (de unos y otros) se pone en juego la democracia de
papel que hay en el país.
Prueba clara de que estas actitudes le
rinden frutos al PRI es que, según algunas conclusiones sobre el giro del voto
ciudadano el 1 de julio pasado, Peña Nieto obtuvo el mayor número de sufragios
por parte de quienes tienen nivel de escolaridad entre primaria y secundaria, y
que son clasificados en la llamada “clase baja” por sus percepciones salariales.
Es decir, las clases más desprotegidas
(en lo económico y lo educativo) y, por ende, las más susceptibles de caer en
la coacción, la compra y la manipulación. Y, peor aún, las más acríticas.
¿Qué les importa si el candidato al que
le dan su voto es un inculto y/o ignorante? ¿Qué saben ellos sobre el analfabetismo
funcional? ¿Cuándo han oído o quién les ha explicado lo que significa “clientelismo
político”? Seguramente, si no para todos ellos, para la mayoría recibir una
tarjeta Soriana con mil pesos de fondo es un privilegio, un lujo. Para ellos,
no es lo mismo comprar en el tianguis o “el mercadito”, que hacerlo en el
súper.
¿Cuántos de estos millones de electores
(con nivel de primaria o secundaria) de Peña Nieto saben lo que es la rendición
de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, sólo por mencionar tres
aspectos de la administración pública?
¿Qué saben ellos de democracia? ¿Qué
piensan cuando ven los noticiarios de televisión y los sesudos “analistas”
adláteres del sistema (sea quien sea el partido en el gobierno, federal o
estatal) se llenan la boca gritando a los cuatro vientos que México goza de
cabal salud en ese ámbito?
¿Qué les importa a estos electores que
la guapura de Peña Nieto sea equivalente al nivel de corrupción e impunidad de
su partido, el PRI? Si hacemos una encuesta entre ellos, la mayoría dirá que
mientras repartan, no importa que roben. O sea, si el partido como gobierno es
corrupto y no le hacen nada, ¿por qué yo como gente común y corriente no lo voy
a hacer, si me dan chance?
Además, y esto es un comentario que yo
he escuchado infinidad de veces, con el PRI en el poder “se acabarán las
matazones” en el país “porque ellos sí saben negociar con el narco”.
Esto, claro, en el entendido de que el
TEPJF deseche las pruebas del Movimiento Progresista por la nulidad de la
elección presidencial, declare a Peña Nieto Presidente electo y éste tome
posesión el 1 de diciembre próximo (lo único que no me atrevo a adelantar es
esto último).
Y si eso se interpreta como imposición,
¿habrá revolución? Es decir, ¿se le dará a Peña Nieto la oportunidad de hacer
lo que hizo en Atenco, Estado de México, y ponga en práctica a nivel nacional su
estilo personal de reprimir?
En lo personal, no dudo que lo haga,
aduciendo, como dijo en la Universidad Iberoamericana el día que brotó el
#YoSoy132, que lo hará “para mantener la paz pública y el Estado de derecho”.
Conclusión del asunto?
ResponderEliminar"Porfirio Díaz, el jefe de ese despotismo, ha tomado especial empeño en tener a los trabajadores en la ignorancia de sus derechos tanto políticos como sociales, como que sabe bien que la mejor base de una tiranía es la ignorancia de las masas. Un tirano no confía tanto la estabilidad de su dominio en la fuerza de las armas como en la ceguera del pueblo." Regeneración 30 de octubre de 1910.
ResponderEliminarA esto se suma el clasismo y racismo imperante en nuestro país. Las consignas en inglés y otros idiomas que los Yo soy 132 muestran en sus manifestaciones no van dirigidas al pueblo, ignorante incluso, de la correcta pronunciación de su propio idioma