martes, 10 de julio de 2012

¿IMPOSICIÓN = REVOLUCIÓN?


COLUMNA
CHICOTAZOS



UN PRESIDENTE “CHATARRA”


FREDDY SECUNDINO S.

Esta no es una buena noticia, ni mucho menos un comentario esperanzador para quienes luchan de un modo u otro porque en este narco-país haya una verdadera democracia y que ésta, aunque parezca un sueño guajiro o algo peor, se dé en las urnas y querían verla brotar en las elecciones federales del 1 de julio pasado.
         Nadie en su sano juicio puede negar (a riesgo de caer en el peor cinismo y ser intolerantemente hipócrita) que la polarización social es real y más evidente que en el 2006. Basta ver los comentarios vertidos permanentemente y, al parecer, cada día en mayor número y más duros, en las redes sociales.
         Unos, exigiendo no sólo la limpieza de los comicios, sino su anulación y/o la no “imposición” de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Y otros, reprobando a quienes piensan así y no aceptan ninguna razón para que se impida que su candidato se siente en la silla del águila.
         La “comentomanía” está al por mayor, gracias a Facebook y Twitter, y quizá por eso se nota más que en el 2006, cuando la utilización de estos recursos tecnológicos apenas se abría camino en México.
         A mi entender, no es por eso que ambas posturas respecto al proceso electoral estén plagadas de injurias, inclusive personales, que a veces llevan a pensar a que podría estarse gestando una inconformidad de dos frentes, que eventualmente llevaría la violencia a las calles. Esto, por si a alguien –irresponsablemente– se le ocurre de manera estúpida encender la mecha que propague el fuego. Y creo que en un lado y en otro sobran quienes estarían esperando la primera oportunidad para hacerlo.
         El peligro radica, en realidad, en que una de las partes (la que exige la anulación de la elección presidencial) reclama fraude (unos) u otras ilegalidades (el resto) que, desde su perspectiva, son pruebas contundentes para no aceptar los resultados avalados, hasta ahora, por el Instituto Federal Electoral.
         La otra parte (la que no acepta nada de aquéllos, así tengan razón jurídica), aunque hasta ahora sólo se ha manifestado en las redes sociales y en los medios electrónicos e impresos afines al PRI, alega que si la autoridad electoral ya avaló los comicios, no se debe persistir en el reclamo, ni siquiera, de que se limpie en su totalidad el proceso.
         Aquéllos, presumiblemente todos votantes de Andrés Manuel López Obrador, han generalizado ya el grito del movimiento estudiantil #YoSoy132 y en cada manifestación callejera se escucha con mayor vehemencia y coraje “¡Si hay imposición, habrá revolución!”.
         Si bien (se supone) el significado de esa consigna es que no se habla de una amenaza violenta (léase armada), sino pacífica y materializada en manifestaciones masivas en las calles y ante las instituciones públicas responsables de la calificación de las elecciones (IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), hay millones en ese sector dispuestos a impedir a como dé lugar la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.
         Mientras tanto, aunque calladitos, en la otra “trinchera” hay quienes expresan en las redes sociales y de boca a boca, su disponibilidad de defender el triunfo de su candidato también a como dé lugar.
         Y ya se dio un burdo pero peligroso y preocupante ejemplo en Jalapa, Veracruz, hace unos días, cuando un sujeto identificado como Juan Pablo Franzoni Martínez (dícese él mismo perteneciente a las juventudes priistas de esa ciudad), amenazó con una pistola (con cartucho cortado) a los manifestantes del #YoSoy132 contra la imposición de Peña Nieto.
         Por fortuna, el hombre fue aprehendido por la policía y remitido ante el Ministerio Público, por el delito de portación ilegal de arma de fuego (al parecer, una pistola calibre .22).
         Como el hecho fue denunciado con fotos en las redes sociales y las imágenes recorrieron el país y el mundo de ese modo y en notas periodísticas, de inmediato los priistas (como suele suceder en casos que no les convienen, como los de los ex gobernadores de Tamaulipas ligados por las autoridades judiciales de Estados Unidos con el narcotráfico, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) y los restauranteros estatales asociados (se dijo que Franzoni es socio de algunos comercios de este tipo) se deslindaron del violento sujeto.
         ¿Quién puede asegurar que en todo el país es el único “loco” de su tipo? ¿Quién es el guapo dirigente priista que se atreva a meter la mano al fuego porque algún militante o simpatizante tricolor no rebase lo hecho por Franzoni? ¿Quién, si el diputado local priista en la Asamblea Legislativa del DF, Cristian Vázquez, mejor conocido como “el dipuhooligan”, por violento y mal hablado, ya amenazó verbalmente con “madrear” a los chavos del #YoSoy132? ¿Quién, si en las redes sociales circula una caricatura que simula el cadáver de un #YoSoy132, acompañada de un texto que advierte que el responsable de algo así (o sea, los muertos de ese grupo) será AMLO?
         Y si volteamos al lado contrario, ¿quién podrá impedir que haya quienes piensen hacer lo propio, si finalmente Peña Nieto es declarado Presidente electo?
         Por el rumbo que van tomando las decisiones al respecto, el TEPJF desechará las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para que se anule la elección presidencial.
         Es más, creo que ni siquiera ordenará el recuento total de votos, como salida emergente para tratar de tranquilizar a AMLO y seguidores. Porque tanto para el IFE como para el TEPJF, como instituciones y en lo personal algunos de sus integrantes, el descontento por el cochinero de las elecciones no es ni será de la mayor parte de la sociedad, sino de “unos cuantos”. O sea, ni siquiera, según ellos, de los casi 16 millones que votaron por AMLO, según el conteo del IFE.
         No es descabellada esta especulación, si ya vimos que desde media hora después de cerradas las casillas el 1 de julio, la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y el títere de Gabriel Quadri, no sólo aceptaron la derrota (¡cuando ni siquiera habían cerrado algunas casillas del noroeste del país!), sino que pidieron que AMLO hiciera lo propio. Y a las 23:15 horas, el consejero electoral presidente, Leonardo Valdés Zurita, y enseguida Felipe Calderón, dieron por ganador a Peña Nieto (¡cuando apenas iba el 10 por ciento del conteo rápido del IFE!).
         Después, panistas, priistas y la “comentomanía” afín al PRI en medios electrónicos e impresos ha insistido constantemente en que AMLO, al protestar y pedir el recuento de votos y la anulación de la elección, no está respetando el absurdo “acuerdo de civilidad” firmado por los cuatro candidatos tres días antes del 1 de julio. Como si ese fútil documento valiera más que la ley electoral o que la Constitución, mismas que le otorgan al tabasqueño el derecho de hacer lo que hace.
         Los abogados del Movimiento Progresista podrán alegar, con validez jurídica y pruebas suficientes, que existen los elementos necesarios para que los magistrados del TEPJF anulen la elección, pero eso, por desgracia, se quedará en su inteligencia, no entrará nunca en la de los integrantes de esa institución.
         Por ende, Peña Nieto será impuesto como Presidente electo. Estarán haciendo realidad lo que en mi columna anterior denominé como “haigasidomanía” (aceptar algo a como dé lugar, sin importar de dónde y cómo viene). Pero eso es lo que menos les importará, a la hora de las descalificaciones y la furia de quienes en la calle exigen que no se haga víctima al país de una decisión de esa naturaleza.

UN PRESIDENTE “CHATARRA”

Más allá de la polémica de si se debe o no calificar de fraude esta elección, no obstante el significado claro del término, pero que ante los priistas (militantes, simpatizantes o adláteres de cualquier tipo) queda a la interpretación personal de los funcionarios electorales que finalmente decidirán, es un hecho vergonzoso y apabullante que Peña Nieto “compró” ilegalmente la Presidencia de la República.
         ¿Cómo no considerar evidencia de esto las miles y miles de tarjetas pre-pago telefónicas y de crédito de las tiendas Soriana, a cambio del voto por él? ¿Y el derroche de dinero que en todo el país se hizo en infinidad de objetos y publicidad de todo tipo? ¿Y las notas informativas o comentarios a favor en noticiarios y programas televisivos y radiofónicos, así como en medios impresos de todo México?
         Para empezar, la ley especifica que si existe (y se comprueba, por supuesto) irregularidad en al menos 25 por ciento de las casillas instaladas en todo el país, la autoridad competente puede anular una elección. Y uno se pregunta si el hecho de recontar más del 50 por ciento de los votos no es suficiente para considerar lo concerniente. ¿Y qué, en las casillas donde no se recontaron no hubo irregularidades? ¿Por qué el IFE dio por hecho esto, al no tomarlas en cuenta para el recuento?
         Además, hay elementos para concluir que los comicios no fueron, ni por mucho, limpios ni equitativos. Pero la avasalladora compra y coacción del voto por parte del PRI y el golpeteo permanente de sus medios afines contra AMLO (en defensa, el IFE y ellos se cuelgan de los tiempos oficiales de spots para cada uno y las notas informativas, pero ignoran los comentarios a favor para un candidato y negativos para otro) no los toman en cuenta.
         Peor aún, lo quizá más delicado es el rebase en el tope legal de gastos en las campañas. Las dos pruebas (al parecer, contundentes) que el Movimiento Progresista presenta son los casos del llamado Monexgate (56 millones de pesos que el PRI no le habría pagado al Grupo Financiero Monex por posicionar la imagen de Peña Nieto, y por el cual hay una denuncia penal en una Corte de California, Estados Unidos) y el de las tarjetas de crédito Soriana que “mapaches” electorales priistas se encargaron de repartir entre simpatizantes o no de ese partido, con fondos diversos por tarjeta, con tal de que votaran por su candidato.
         Primero se negó el hecho contundente. El propio Peña Nieto dijo en una entrevista a la BBC de Londres que ésa era una estrategia de AMLO y los partidos que lo impulsaron a la Presidencia. Y Soriana hizo lo propio.
         Pero ante la realidad (cientos de “mapaches” electorales reclamaron públicamente el no pago de su labor por parte del PRI, y miles de “tarjetahabientes” inundaron las tiendas Soriana para hacer compras con las tarjetas), trataron de deslindarse mutuamente e inventaron una y otra tontería.
         El apoderado legal de Soriana fue llamado a cuentas por la Fepade y la empresa publicó un desplegado en algunos periódicos, alegando ser una blanca palomita, que sus programas de beneficios “operan con objetivos exclusivamente comerciales, con total apego a la ley y sin ningún interés político”.
         Pues sí, que se sepa, ningún empleado de esa cadena fue postulado a algún cargo de elección. Su interés es comercial porque se dedican al comercio y lo que recogerán como beneficio de este apoyo al PRI es más ayuda para hacer crecer su negocio.
         (He de consignar aquí que, hace unos días, un amigo escritor que --me consta-- es un recalcitrante simpatizante del PRI, me confió que a él le dieron “un chingo de tarjetas… y de diversos precios” (según su dicho textual). Con él iba un sujeto que me mostró una tarjeta de ésas… Como para que no me quedara duda de lo que a carcajadas sostenían.)
         Todo esto, quieran o no, deberán no sólo tomarlo en cuenta los magistrados electorales, sino interpretarlo conforme a derecho y estrictamente apegados a la ley, al momento de emitir su juicio respecto a la petición de nulidad de la elección.
         Y si han de ser profesionales e imparciales y leales al país, y dejar de lado sus simpatías partidistas (que, por supuesto, las tienen y para muchos no es un asunto a debate), deberán poner al mismo nivel la inequidad provocada por la “comentomanía” y, a la par, cual clon, el papel de las empresas encuestadoras, mismas que mintieron abiertamente y crearon una imagen de inalcanzable e invencible al candidato priista (la intención era provocar una especie de depresión política en el electorado y hacerlo pensar que no había vuelta de hoja, pues casi el 50 por ciento “de los mexicanos”, no de los electores, quería al mexiquense como sucesor de Felipe Calderón).
         De lo contrario, si los magistrados se atienen a lo que ya adelantó su presidente, Alejandro Luna Ramos, en el sentido de que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas”, estarán legalizando el peor criterio personal de la historia electoral mexicana, por el solo hecho de prejuzgar no sólo antes de estudiar el caso, sino de pretender institucionalizar una opinión individual.
         Estamos, pues, ante una eventual manipulación de la ley por parte de un grupo de funcionarios electorales que, de entrada, se hizo el ciego antes de las elecciones y dejó pasar las irregularidades que desde entonces se denunciaron.
         El IFE ya avaló la elección, apoyándose en el legaloide recuento parcial de votos. Y no obstante el señalamiento de serias irregularidades en casillas que no fueron consideradas en el recuento, desestimó la denuncia y no consideró ni una casilla más. ¿Quién asegura que el Tribunal Electoral sí lo hará?
         Esto, a mi entender, pareciera una especie de acuerdo no escrito entre grupos de poder fácticos, dos partidos políticos y autoridades electorales, para repartir la Presidencia de la República entre dos bandos (PRI y PAN), confabulados descaradamente a la hora de tomar las decisiones más trascendentales (como es la elección presidencial) y sin importarles ni el descontento de una buena parte de la ciudadanía, ni el derecho legal de ésta para cuestionar con pruebas fehacientes la comisión de diversos delitos y su reclamo del castigo correspondiente.
         Para ello, les da lo mismo que en el camino queden los vestigios de su hambre desmedida de poder, materializados en los millones de mexicanos de escasos recursos económicos y educativos, burlados en su dignidad, conscientes o no de ello, lo que para fines prácticos da lo mismo porque con esa actitud (de unos y otros) se pone en juego la democracia de papel que hay en el país.
         Prueba clara de que estas actitudes le rinden frutos al PRI es que, según algunas conclusiones sobre el giro del voto ciudadano el 1 de julio pasado, Peña Nieto obtuvo el mayor número de sufragios por parte de quienes tienen nivel de escolaridad entre primaria y secundaria, y que son clasificados en la llamada “clase baja” por sus percepciones salariales.
         Es decir, las clases más desprotegidas (en lo económico y lo educativo) y, por ende, las más susceptibles de caer en la coacción, la compra y la manipulación. Y, peor aún, las más acríticas.
         ¿Qué les importa si el candidato al que le dan su voto es un inculto y/o ignorante? ¿Qué saben ellos sobre el analfabetismo funcional? ¿Cuándo han oído o quién les ha explicado lo que significa “clientelismo político”? Seguramente, si no para todos ellos, para la mayoría recibir una tarjeta Soriana con mil pesos de fondo es un privilegio, un lujo. Para ellos, no es lo mismo comprar en el tianguis o “el mercadito”, que hacerlo en el súper.
         ¿Cuántos de estos millones de electores (con nivel de primaria o secundaria) de Peña Nieto saben lo que es la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, sólo por mencionar tres aspectos de la administración pública?
         ¿Qué saben ellos de democracia? ¿Qué piensan cuando ven los noticiarios de televisión y los sesudos “analistas” adláteres del sistema (sea quien sea el partido en el gobierno, federal o estatal) se llenan la boca gritando a los cuatro vientos que México goza de cabal salud en ese ámbito?
         ¿Qué les importa a estos electores que la guapura de Peña Nieto sea equivalente al nivel de corrupción e impunidad de su partido, el PRI? Si hacemos una encuesta entre ellos, la mayoría dirá que mientras repartan, no importa que roben. O sea, si el partido como gobierno es corrupto y no le hacen nada, ¿por qué yo como gente común y corriente no lo voy a hacer, si me dan chance?
         Además, y esto es un comentario que yo he escuchado infinidad de veces, con el PRI en el poder “se acabarán las matazones” en el país “porque ellos sí saben negociar con el narco”.
         Esto, claro, en el entendido de que el TEPJF deseche las pruebas del Movimiento Progresista por la nulidad de la elección presidencial, declare a Peña Nieto Presidente electo y éste tome posesión el 1 de diciembre próximo (lo único que no me atrevo a adelantar es esto último).
         Y si eso se interpreta como imposición, ¿habrá revolución? Es decir, ¿se le dará a Peña Nieto la oportunidad de hacer lo que hizo en Atenco, Estado de México, y ponga en práctica a nivel nacional su estilo personal de reprimir?
         En lo personal, no dudo que lo haga, aduciendo, como dijo en la Universidad Iberoamericana el día que brotó el #YoSoy132, que lo hará “para mantener la paz pública y el Estado de derecho”.




2 comentarios:

  1. "Porfirio Díaz, el jefe de ese despotismo, ha tomado especial empeño en tener a los trabajadores en la ignorancia de sus derechos tanto políticos como sociales, como que sabe bien que la mejor base de una tiranía es la ignorancia de las masas. Un tirano no confía tanto la estabilidad de su dominio en la fuerza de las armas como en la ceguera del pueblo." Regeneración 30 de octubre de 1910.

    A esto se suma el clasismo y racismo imperante en nuestro país. Las consignas en inglés y otros idiomas que los Yo soy 132 muestran en sus manifestaciones no van dirigidas al pueblo, ignorante incluso, de la correcta pronunciación de su propio idioma

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